La formación de Puigdemont ultima el ‘Plan 8 millones’ y endurece los controles en Sant Cugat para limitar los «derechos de alta intensidad» a quienes demuestren un arraigo prolongado.
BARCELONA. – Junts per Catalunya ha decidido entrar de lleno en el debate sobre el endurecimiento de las condiciones para los inmigrantes en el acceso a las ayudas públicas. Bajo el nombre de ‘Plan 8 millones’, la dirección del partido ultima una estrategia migratoria que condiciona los llamados «derechos de alta intensidad», como la vivienda protegida, a un mayor grado de arraigo y «pertenencia» al territorio.
El modelo Sant Cugat: De 3 a 10 años de espera
El epicentro de esta nueva política se sitúa en Sant Cugat del Vallès, el principal ayuntamiento gobernado por Junts. El consistorio reclama elevar de tres a diez años el periodo mínimo de empadronamiento —continuo o discontinuo— para poder optar a un piso social. Esta medida, que el partido ya intentó exportar al Parlament de Cataluña sin éxito el pasado octubre, busca blindar el parque público de vivienda frente a los flujos migratorios recientes.
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Aunque la propuesta fue rechazada en la Cámara catalana por el bloque de izquierdas (PSC, ERC, Comuns y CUP), Junts ha encontrado en esta materia puntos de sintonía con el Partido Popular. Ambas formaciones apuestan por priorizar a quienes tengan mayor vinculación histórica con el municipio, alejándose de la fórmula de Vox que discrimina estrictamente por nacionalidad. Para Junts, el filtro no es el pasaporte, sino el tiempo de residencia y la integración.
Ofensiva contra el fraude en el padrón
Más allá de las propuestas legislativas, Junts ha pasado a la acción ejecutiva en Sant Cugat con un control exhaustivo del censo municipal:
- Bajas masivas: En el último año, el Ayuntamiento ha dado de baja a 4.000 personas del padrón tras comprobar que no residían en el municipio.
- Identificación presencial: Se ha eliminado la posibilidad de completar el empadronamiento de forma estrictamente telemática. Ahora es obligatorio acudir físicamente al consistorio en un plazo de tres meses.
- Inspecciones domiciliarias: El impago del trámite presencial activa automáticamente una inspección en el domicilio para detectar pisos sobreocupados o fraudes de convivencia.
Un pulso político y electoral
Este giro hacia la «prioridad por arraigo» responde a la presión de Aliança Catalana, que compite con Junts por el electorado nacionalista con un discurso más duro en inmigración. Al mismo tiempo, la formación mantiene su pulso con el Gobierno de Pedro Sánchez para que se haga efectiva la delegación de competencias en extranjería a la Generalitat, un compromiso alcanzado hace meses que sigue bloqueado en el Congreso por la negativa de Podemos.
Con el ‘Plan 8 millones’, Junts busca posicionarse como un partido capaz de gestionar el impacto de la demografía en el Estado de Bienestar, bajo la premisa de que el acceso a los servicios sociales más preciados debe estar ligado a una contribución y permanencia mínima en la sociedad catalana.
