Un análisis de los expedientes del Fondo de Apoyo a la Solvencia revela que el flujo y adelanto de información —motivo de sospecha judicial en la aerolínea— era la norma en el sector debido a la naturaleza negociadora de los trámites de la SEPI.
MADRID. – El acceso anticipado a la información sobre la concesión de rescates públicos durante la crisis de la covid-19 no fue una anomalía exclusiva de la aerolínea Plus Ultra. A pesar de que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha señalado este «acceso anticipado a información privilegiada» como un indicio clave de presunto tráfico de influencias en la causa que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la realidad de los procesos administrativos muestra un escenario muy distinto: conocer el estado de los expedientes era la norma habitual para las compañías solicitantes.
La propia naturaleza del procedimiento gestionado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) operaba bajo una dinámica similar a la de una negociación formal. Para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) diera luz verde a los rescates, se requería una interacción constante y transparente entre los técnicos del organismo, los asesores independientes y los directivos de las empresas, quienes estaban al corriente del minuto a minuto en el cumplimiento de las exigencias normativas.
El rastro de las empresas cotizadas
La prueba más fehaciente de que este flujo de información previa no constituía un secreto y formaba parte del protocolo estándar radica en el comportamiento de las empresas cotizadas en bolsa. Obligadas por ley a mantener una estricta transparencia ante los supervisores de los mercados financieros, compañías como Técnicas Reunidas, Tubos Reunidos, Duro Felguera y Airtificial comunicaron públicamente los detalles y la confirmación de sus millonarios rescates días antes de recibir la ratificación oficial.
El rastro de estas comunicaciones ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) demuestra que las firmas disponían de los datos técnicos, términos y condiciones no solo antes de la aprobación final en el Consejo de Ministros, sino incluso con anterioridad a la deliberación formal del propio Consejo Gestor del fondo de la SEPI. Un ejemplo paradigmático es el de Técnicas Reunidas, que ya en noviembre de 2021 notificó al mercado financiero las condiciones exactas de su rescate antes de que se firmara el decreto.
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Aerolíneas y hoteleras, también al corriente
Este conocimiento previo tampoco se limitó a las firmas que cotizan en el mercado bursátil. Grandes corporaciones no cotizadas y de sectores fuertemente golpeados por las restricciones sanitarias de la pandemia, como la aerolínea Air Europa o el grupo hotelero Hotusa, supieron anticipadamente que iban a recibir la inyección de fondos públicos.
Sin embargo, los informes emitidos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e incorporados al sumario judicial del caso Plus Ultra no han reflejado esta práctica generalizada en el resto del tejido empresarial rescatado, aislando el comportamiento del flujo de información de la aerolínea hispano-venezolana como si se tratara de un trato de favor excepcional.
Los datos recabados de los históricos administrativos del FASEE vienen a demostrar que, lejos de ser un indicio de opacidad o corrupción intrínseca, conocer el éxito inminente de la operación respondía a los engranajes transparentes de un ‘salvavidas’ financiero en el que la contraparte debía validar minuciosamente cada paso antes de estampar la firma definitiva.
