La víctima afirma haber entregado cerca de 80.000 euros en efectivo, Bizum y transferencias por una casa que nunca recibió. Los cuatro procesados sostienen que el comprador incumplió los contratos de arras.
CEUTA — La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio contra cuatro personas acusadas de un presunto delito continuado de estafa. El caso gira en torno a la frustrada compraventa de una vivienda en la avenida Juan Carlos I, una operación en la que, según el Ministerio Fiscal, los procesados actuaron de forma coordinada para lucrarse a costa de la víctima.
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Mientras el denunciante sostiene que fue engañado aprovechando su desconocimiento legal, las defensas argumentan que se trató de un simple incumplimiento de contrato por parte del comprador y solicitan la libre absolución.
La versión de la víctima: «Pagué casi 80.000 euros y nunca tuve la casa»
El denunciante, de origen extranjero y quien había trabajado previamente para dos de los acusados como churrero y albañil, relató que recurrió a ellos de buena fe para encontrar una vivienda. Tras una reunión en una cafetería de Juan Carlos I, se acordó un precio inicial de 52.500 euros por el inmueble.
A lo largo del proceso, la víctima asegura haber desembolsado un total aproximado de 78.000 euros a través de transferencias, Bizum y entregas en metálico. El afectado justificó haber pagado más del valor pactado debido al «temor a perderlo todo», ya que uno de los acusados le advirtió que el dinero entregado previamente no era recuperable si no aportaba más fondos.
Una prueba clave: Ante la falta de recibos o justificantes que los acusados se negaban a entregarle, el denunciante aportó una grabación de vídeo que se reprodujo al inicio de la vista. En ella se observa a uno de los acusados recibiendo un sobre que, según la acusación, contenía 15.000 euros en efectivo.
Además, el perjudicado denunció haber recibido «largas» al pedir explicaciones y aseguró haber sido amenazado con la retirada de sus permisos de residencia en España por parte de los procesados cuando amenazó con acudir a la justicia.
Las dudas del asesor: un contrato inviable desde el principio
Durante la vista oral compareció como testigo el trabajador de una asesoría al que la víctima acudió a consultar. El profesional calificó la operación de «sospechosa» desde el primer momento:
- Plazos imposibles: El contrato fijaba apenas un mes para escriturar, cuando los trámites administrativos de autorización para un comprador extranjero suelen demorarse un mínimo de tres meses.
- Documentación extraña: El asesor detectó anomalías en los plazos de las escrituras y afirmó que el supuesto propietario nunca se presentó a una reunión programada en su despacho para aclarar la situación.
Por su parte, la defensa de los acusados intentó desacreditar la capacidad económica de la víctima, cuestionando cómo un trabajador con un sueldo de unos 1.000 euros mensuales podía disponer de tales cantidades de dinero en efectivo.
La defensa de los acusados: comisiones, un sobre de 600€ y cuentas bloqueadas
Los cuatro procesados negaron rotundamente la estafa y arrojaron la culpa sobre el denunciante, alegando que este incumplió consecutivamente hasta tres contratos de arras al no ser capaz de reunir el dinero para la compraventa.
- N.L.S. (Intermediario): Afirmó que el sobre del vídeo contenía solo 600 euros (y no 15.000) destinados a gestiones documentales. Admitió haber cobrado una comisión de 6.000 euros por su intermediación, justificando el importe porque la vivienda tenía un precio «muy inferior» al de mercado.
- R.E.B. (Esposa del intermediario): Respaldó la versión de su marido y negó haber proferido amenazas sobre la situación legal del denunciante en el país.
- J.S.L.B. (Supuesto propietario): Reconoció que la vivienda (procedente de una herencia) arrastraba problemas registrales que se solucionaron tarde. Admitió haber enviado un mensaje a la víctima diciendo «si quieres denunciarme, hazlo», tras vender la casa a un tercero ante la falta de pago del denunciante.
- H.A.E.K. (Cuarta acusada): Confirmó haber recibido parte del dinero en su cuenta personal, justificando que lo hizo porque el propietario tenía sus cuentas bancarias temporalmente bloqueadas por su entidad financiera.
Petición de penas: 6 años de cárcel
El Ministerio Fiscal consideró que la práctica de la prueba corrobora el delito continuado de estafa y mantuvo intactas sus conclusiones provisionales. De este modo, solicita para cada uno de los cuatro acusados:
- Una pena de 6 años de prisión.
- Una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros.
- Una indemnización conjunta y solidaria a la víctima de 78.000 euros por el perjuicio económico causado.
