Los gobiernos regionales firman un decálogo unitario donde denuncian la falta de memoria económica, la ruptura del consenso institucional y el riesgo de colapso en la continuidad asistencial de los hospitales.
Frente común absoluto y sin fisuras de la periferia contra el poder central en materia sanitaria. Todas las comunidades autónomas españolas han suscrito un durísimo decálogo de posicionamiento común en el que exigen al Ministerio de Sanidad la retirada del actual anteproyecto de ley del Estatuto Marco del personal sanitario y la reactivación inmediata de las negociaciones desde cero.
El documento de consenso ha sido leído públicamente por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, durante la celebración de la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos. El plantón autonómico se produce apenas 24 horas antes de la trascendental reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), dinamitando el calendario legislativo que manejaba el departamento de Mónica García.
Las autonomías denuncian una «cesión» exclusiva ante los sindicatos
Las comunidades comparten la necesidad médica de actualizar un estatuto que data del año 2003, pero censuran frontalmente el método unilateral empleado por el Ministerio. Según el texto aprobado en bloque, las últimas modificaciones de calado organizativo introducidas en la norma responden fundamentalmente al resultado de la negociación en el ámbito sindical, obviando por completo a las administraciones que tienen las competencias transferidas y que, a la postre, deben pagar y gestionar dichos servicios.
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El decálogo incide en que los cambios de última hora se han realizado «alterando la metodología tradicional de trabajo» del SNS, caracterizada históricamente por la cooperación y el análisis técnico previo.
Alertas críticas: del colapso organizativo a la falta de fondos
Los consejeros de salud advierten de que el borrador actual rompe el equilibrio básico entre los derechos laborales y la viabilidad del sistema, señalando tres puntos rojos de extrema gravedad:
- Riesgo asistencial: Las decisiones ministeriales sobre jornadas, descansos, guardias, retribuciones y clasificación profesional se han tomado sin evaluar su impacto real sobre la continuidad de las consultas y las urgencias.
- Inseguridad jurídica: Advierten de que el texto actual provocará una aplicación práctica caótica en los hospitales y disparará la conflictividad en los tribunales.
- Agujero presupuestario: Las comunidades denuncian la ausencia total de una memoria económica rigurosa. Exigen saber qué necesidades de personal extra va a generar la ley y con qué recursos económicos se va a financiar su implantación real.
La propuesta de los consejeros: vuelta al foro técnico de 2023
Para destrabar el conflicto y apelar al «principio de lealtad institucional», el bloque autonómico propone devolver formalmente el texto al grupo de trabajo de actualización constituido en 2023, al considerarlo el único foro técnico adecuado para conciliar los derechos de los trabajadores con la realidad operativa.
| Eje del Conflicto | Posición del Ministerio frente a las CC.AA. |
| Metodología | Sanidad pactó los cambios finales con los sindicatos; las autonomías acusan al Gobierno de exclusión deliberada. |
| Financiación | El anteproyecto carece de ficha financiera; las comunidades exigen una partida presupuestaria blindada antes de su aprobación. |
| Próximo paso | Las comunidades condicionan el éxito de la reforma a que el Ministerio ceda en el Consejo Interterritorial de este viernes. |
Los responsables autonómicos de salud concluyen lanzando una advertencia clara a Madrid: el éxito de la futura norma dependerá exclusivamente de la capacidad del Ministerio para bajarse de la unilateralidad y asumir que cualquier reforma de esta envergadura es inviable si se legisla de espaldas a los gestores reales de los hospitales y centros de salud.
