Tribuna
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Reforzar la frontera es imprescindible y las ayudas alivian, pero ni una cosa ni otra crean un solo puesto de trabajo estable. Lo que saca a una ciudad de donde está Ceuta es que alguien decida invertir en ella.
Ceuta ha vivido semanas muy duras y ha respondido como suele responder, que es aguantando. Ahora empieza la parte menos visible y más decisiva, que es decidir qué hacemos con lo que ha pasado. Y ahí conviene ser claro desde el principio: la seguridad en la frontera es imprescindible, y las ayudas de emergencia hacen falta, pero ninguna de las dos cosas es un proyecto de ciudad.
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Reforzar la frontera evita que vuelva a ocurrir. No genera actividad económica. Las ayudas tapan un agujero durante un ejercicio presupuestario y al siguiente hay que volver a pedirlas. Llevamos décadas en ese ciclo y el resultado está a la vista: una renta por habitante casi un treinta por ciento inferior a la media nacional y una tasa de paro del 26,1 por ciento. Con esos números, cualquier ayuda que llegue se consume en sostener lo que ya existe. No queda nada para construir.
Lo que cambia la situación de un territorio es la inversión privada. Una empresa que se instala, contrata, paga cotizaciones, compra a proveedores locales y se queda. Eso es lo único que ha sacado a otros territorios de situaciones parecidas, y no hay atajo.
La pregunta entonces es por qué alguien invertiría en Ceuta. Y la respuesta honesta es que hoy hay pocas razones para hacerlo. Estamos fuera del territorio aduanero de la Unión Europea, de modo que mandar mercancía a la Península es formalmente una exportación, con sus trámites y sus plazos. Dependemos de un puerto y de un helipuerto pequeño. Tenemos un territorio limitado y un mercado interno de ochenta y tres mil personas. Y desde 2020 tampoco tenemos la frontera comercial que durante décadas sostuvo buena parte de la economía local.
Contra ese conjunto de desventajas no se compite con voluntarismo. Se compite haciendo que instalarse aquí salga rentable pese a todo, y eso significa fiscalidad. Bonificaciones reales en Sociedades y en cotizaciones sociales, deducciones por inversión y por contratación de personal cualificado, compensación de los sobrecostes de transporte de mercancías, y estabilidad garantizada durante un plazo largo, porque nadie invierte sobre un régimen que puede cambiar en la siguiente ley de presupuestos. Esto no es un privilegio. Es la compensación de una desventaja objetiva, y así lo permite expresamente el Derecho europeo para regiones con nuestro nivel de renta y de desempleo.
El anuncio del presidente del Gobierno en el Congreso apunta, por primera vez en mucho tiempo, en esa dirección. Entrar en la Unión Aduanera manteniendo el régimen fiscal propio, pedir el estatus de región ultraperiférica y tener silla en el Comité de las Regiones. Es un buen marco y merece ser tomado en serio. Lo que hace falta ahora es que no se quede en el anuncio, y para eso conviene decir en voz alta tres cosas que no son cómodas.
La primera es que los tres objetivos no van al mismo ritmo, y presentarlos juntos genera una expectativa que no se va a cumplir a la vez. La silla en el Comité de las Regiones depende de una decisión interna española y de una validación que suele resolverse en unos dos meses. De hecho ya se ha movido, porque la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ha anunciado que cede su puesto a Ceuta. La Unión Aduanera necesita solicitud formal de España, propuesta de la Comisión y decisión del Consejo por unanimidad de los veintisiete. Y el estatus de región ultraperiférica exige reformar los Tratados, con Convención, conferencia intergubernamental y ratificación en veintisiete países, además de redefinir la propia categoría, porque hoy se basa en la insularidad y la lejanía y nosotros no somos una isla. Eso no se mide en años, se mide en legislaturas.
La segunda es que la Unión Aduanera es perfectamente alcanzable y que el camino está escrito desde hace cuarenta años. El propio tratado de adhesión de España prevé que Ceuta y Melilla puedan incorporarse al territorio aduanero si el Gobierno español lo solicita. No hay que reformar nada: hay que pedirlo. Ese mismo procedimiento se utilizó en 1991 con Canarias, que también se había quedado fuera en 1986 y que hoy está dentro del territorio aduanero y al mismo tiempo fuera del IVA, con sus propios impuestos, uno de ellos autorizado por decisión del Consejo precisamente para proteger la producción local. La fórmula que el Gobierno dice que buscará existe, tiene nombre y lleva funcionando treinta y cinco años a mil kilómetros de aquí.
Conviene decirlo también al revés, porque un debate serio incluye las dos caras. Entrar en la Unión Aduanera tiene costes: se aplicaría el arancel exterior común, encareciendo aprovisionamientos hoy exentos, y se perdería la condición de territorio franco. Hará falta un período transitorio y compensar a la Ciudad por lo que deje de recaudar. Nada de eso es motivo para no hacerlo, pero sí para hacerlo bien y con estudios delante.
La tercera es la más incómoda. Un portavoz de la Comisión Europea confirmó a Europa Press el pasado 6 de septiembre que la solicitud formal del Gobierno español todavía no se ha presentado. Sin ese escrito no hay expediente, no hay análisis de la Comisión, no hay propuesta al Consejo y no hay reloj corriendo. Es un trámite que no exige negociar con nadie y que puede registrarse esta semana. Mientras no se presente, todo lo demás es intención declarada. Ojalá cuando estas líneas se publiquen la solicitud ya esté en Bruselas; sería la mejor noticia posible y la más fácil de dar.
Y hay un plazo que sí está corriendo y del que casi nadie habla. La Unión Europea está cerrando ahora mismo la legislación de su presupuesto para 2028-2034, y el objetivo es tenerla lista antes de que acabe este año. En esos reglamentos se decide qué territorios son elegibles, con qué criterios y con qué porcentaje de cofinanciación. Si Ceuta no aparece nombrada cuando se cierre el paquete, el marco queda fijado hasta 2034 y ninguna declaración posterior lo reabre. Acabamos de ver, con el retraso de los fondos de emergencia por una petición que llegó tarde, lo que ocurre cuando no se llega a tiempo a los procedimientos europeos. Esto es exactamente lo mismo, pero multiplicado por siete años.
Lo que habría que hacer, por tanto, es bastante concreto. Presentar ya la solicitud formal de entrada en la Unión Aduanera, que es lo único que pone el procedimiento en marcha. Cerrar la representación de Ceuta en el Comité de las Regiones, que está a un trámite de distancia. Asegurar que la posición española ante Bruselas incluye a Ceuta de forma expresa en los reglamentos de fondos antes de diciembre. Convertir el paquete de ayudas anunciado en bonificaciones fiscales estables y no en gasto de un solo ejercicio. Y encargar cuanto antes el estudio de qué le supone a nuestro comercio la aplicación del arancel exterior común, para negociar con datos y no con impresiones.
Nada de esto es partidista y nada de esto debería serlo. Es la diferencia entre que dentro de diez años sigamos hablando de ayudas o que hablemos de empresas instaladas y de gente trabajando. Ceuta ha demostrado estos meses que aguanta lo que le echen. Sería una pena que eso siguiera siendo lo único que sabemos hacer.
Juan Goñi
Empresario ceutí
