Artículo de opinión
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Tras las multitudinarias y reconfortantes manifestaciones de apoyo a Ceuta por toda España, y la decepcionante comparecencia en el Congreso del presidente Sánchez, toca hacer balance de la situación, aclarar lo que el Gobierno nos ofrece como solución y plantear alternativas.
En primer lugar, creo que los ceutíes podemos felicitarnos de que la Nación española está con nosotros. Desde las movilizaciones masivas por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, no se habían visto en España demostraciones de solidaridad tan grandes. Si aquellas dieron origen al «Espíritu de Ermua» que fue el principio del fin de ETA, esperemos que éstas alumbren el «Espíritu de Ceuta» que acabe con la subordinación de España a Marruecos y dé paso a una posición firme e indubitada en el respeto a nuestra integridad territorial y en el anclaje de Ceuta y Melilla en la UE, a través de su incorporación al Comité de las Regiones, el despliegue de FRONTEX en nuestras fronteras y la creación de un régimen especial equiparable al de las Regiones Ultraperiféricas, como Canarias.
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En segundo lugar, todo el arco parlamentario, excepto el PSOE, reconoce que el Gobierno lo ha hecho todo tarde y mal. El desfile constante de ministros por Ceuta del mes de agosto, sólo sirvió de tapadera para cubrir las largas e indolentes vacaciones de Sánchez en La Mareta. Hasta el 26 de agosto no se publicó el Real Decreto por el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, solicitado por Vivas desde el 30 de julio. Llegó, por fin, el mando único, en manos del ministro Ángel Víctor Torres, con una indignante designación de espacios para albergar a los invasores, que incluía los polideportivos municipales y escolares, y zonas vecinas a las barriadas de Manzanera -la antigua fábrica de harina-, el Mixto -el Físcer-, u O’Donnell -Hospital Militar-, y que agotó la paciencia de los ceutíes. La presión social logró que el Gobierno reculara, aunque persisten las polémicas por el uso del Centro Ecuestre, y de las explanadas del muelle de Poniente más la adyacente a la nueva Escuela Infantil, detrás de la antigua prisión de Los Rosales.
El Gobierno se está centrando en acomodarlos, algo necesario para poder contarlos y para eliminar la imagen tercermundista de la playa del Trampolín o de las naves del Tarajal, o de cientos de personas durmiendo al raso en Loma Colmenar, Miramar, los alrededores del CETI, y otros asentamientos en acantilados y montes. Lamentablemente, ha descartado la propuesta de la Ciudad de traer un buque con camarotes donde alojarles de forma provisional.
La mayor preocupación del pueblo de Ceuta es saber hasta cuándo va a durar esta situación. El Gobierno se empeña en abordar el problema como una mera crisis migratoria, aplicando los procedimientos ordinarios de Extranjería y, si procede, de Protección Internacional. Pero ¿cuántos son y a qué ritmo avanza el trabajo administrativo policial? El mismo hecho de que el Gobierno no haya sido capaz de contarlos después de un mes y de que cada día se informen cifras contradictorias ya dice mucho de su gravísima negligencia en la gestión de la crisis.
¿Cuántos entraron los días 30 y 31 de julio? La ministra de Defensa, Margarita Robles, en su comparecencia del 25 de agosto, informó de que habían entrado a un ritmo de 5.200 a la hora. Estimando ese flujo constante durante 24 horas nos salen más de 120.000 invasores. Las últimas declaraciones gubernamentales nos hablan de unos 80.000, y el presidente Sánchez en su comparecencia en el Congreso del 3 de septiembre habló de 63.000 retornados en las primeras 72 horas. ¿Cuántos quedan? El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que 5.000 en la Comisión del 28 de agosto. Sin embargo, el propio presidente anunció el 3 de septiembre que se alcanzarían las 7.000 plazas de alojamiento temporal, cuando concluya la instalación de carpas. Y fuentes de las ONG, que les proporcionan raciones diarias, hablan de alrededor de 9.000. No parece que en estos cálculos entren los menores no acompañados, que oscilan entre los 1.500 reconocidos por el Ministerio del Interior, los 2.900 que mencionan los Servicios de Menores de la Ciudad, y los 4.800 que informaron algunos líderes vecinales en los primeros días de agosto.
¿Cuánto nos queda, por tanto, para volver a la normalidad? Aunque el ministro Torres se negó a proporcionar ninguna estimación a nuestra senadora Cristina Díaz en su comparecencia del 27 de agosto en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el Gobierno sí ha dejado varias pistas en sus declaraciones de la semana pasada. Marlaska reconoció en la Comisión de Interior que se había habilitado presupuesto suficiente para sufragar el despliegue de las UIP -los antidisturbios- en Ceuta hasta finales de diciembre. Y el propio decreto que declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta establece su duración hasta el 31 de diciembre de 2026… prorrogable.
Respecto a la labor policial de identificación y registro de los invasores, el sindicato policial SUP denuncia que sólo hay 14 ordenadores y que apenas se tramitan 80 expedientes al día en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). El ministerio de Interior anunció la semana pasada que el 4 de septiembre se alcanzarían los 24 equipos policiales para los trabajos de identificación: 14 en el CATE, 4 en la Jefatura Superior de Policía y 6 en el paso fronterizo del Tarajal. A ese ritmo ordinario se tardarán meses en la identificación de todos. Pero el problema se agrava porque es de suponer que casi todos los invasores solicitarán Protección Internacional para evitar su expulsión inmediata e iniciar otro proceso burocrático. Incluso en el caso más sencillo de los marroquíes mayores de edad, tomando en consideración que Marruecos es considerado un país seguro en el Reglamento que desarrolla el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el plazo máximo de tramitación puede llegar a las 12 semanas antes de que se resuelva la admisión del asilo o su denegación y expulsión.
Hasta ahora sólo han salido de Ceuta los que han querido voluntariamente, los condenados por delitos en juicio rápido y los que han pagado a las narcomafias un pase a la península. ¿Saben cuántas órdenes de expulsión se han ejecutado, hasta ahora, como consecuencia de la denegación de asilo a los invasores del 30 de julio? Ninguna. La Dirección General de Protección Internacional debe tramitar los expedientes en estricto orden de registro, y todavía andan ocupados con solicitudes anteriores a la avalancha en Ceuta.
El pueblo de Ceuta no se merece esto. Meses de anormalidad con un daño económico, reputacional y moral inmenso. Se canceló la Feria y ahora el Mercado Medieval. Se han perdido las escalas de los cruceros, eventos deportivos, fichajes de la AD Ceuta… ¿Cuántos sanitarios y docentes renunciarán a trabajar a nuestra ciudad en estas circunstancias? ¿Cuántas alumnas del Grado universitario de Enfermería no se atreverán a venir? ¿Podremos celebrar la Mochila? ¿Podremos celebrar la Navidad con normalidad? ¿Acaso el Carnaval?
El Gobierno de Sánchez nos condena a meses de incertidumbre, inseguridad, insalubridad y tensión social para mantener su relato de que lo ocurrido es una simple crisis migratoria. ¿Quién puede asegurar que cuando lleguen las primeras resoluciones de retorno a Marruecos no estallará un motín entre los invasores? ¿Quién escuchará las llamadas a la calma del presidente Vivas y de la mayoría de los representantes políticos de esta ciudad, si se comete algún crimen horrendo contra un o una ceutí?
La avalancha del 30 y 31 de julio no fue una crisis migratoria. El informe del CENIF y las recientes declaraciones de tres ministros marroquíes cuestionando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla despejan cualquier duda sobre el papel de Marruecos. El régimen alauí aprovechó lo que, en sus inicios, era una crisis migratoria derivada de la sentencia del Supremo, simplificada en las redes sociales en la idea de que las puertas de Europa estaban abiertas de par en par, para convertirla en un ataque de guerra híbrida, utilizando a su población como munición contra España. No son migrantes. Son invasores. Un mexicano que cruza el Río Grande (o Bravo) no reivindica la soberanía sobre Texas. El fin último de este método de agresión «suave» es inducir una progresiva limpieza étnica de la población española de Ceuta que, desmoralizada, empezaría a replantearse su vida en otro lugar.
Ante una situación excepcional, sólo caben medidas excepcionales. En mi opinión personal, al margen de mi condición de diputado nacional del Partido Popular, del que me honro en pertenecer, «un ataque, una violación de la integridad territorial de España» en palabras literales del presidente del Gobierno en su breve visita a Ceuta, es una de las situaciones que permiten al Gobierno proponer al Congreso de los Diputados la declaración del Estado de Sitio, conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Una declaración, limitada en el espacio a la ciudad de Ceuta, limitada en el tiempo a la operación de retorno de los invasores a Marruecos, y que bajo autoridad militar permita acotar su libertad de movimientos y acelerar la tramitación simultánea de expedientes de identificación y protección internacional, de forma sumarísima, de quienes no puedan demostrar que estaban en Ceuta antes del 30 de julio. La legislación europea y española prohíben expresamente las expulsiones colectivas de personas, por evidentes precedentes históricos, para evitar un genocidio. Pero nada impide simplificar al máximo la tramitación de expedientes individuales para, de conformidad con el espíritu del Pacto Europeo de Migración y Asilo, evitar que el derecho de Asilo se convierta en una treta legal de quienes no sufren ningún tipo de persecución en su país de origen.
La invocación al Estado de Sitio puede parecer tremendista, pero en los últimos doce años hemos vivido en España diferentes situaciones inéditas, contempladas expresamente en la Constitución, y no se ha parado el mundo. En 2014 la abdicación del rey y la proclamación de Felipe VI, en 2017 la aplicación del 155 a la Generalitat de Cataluña, en 2018 la caída del Gobierno mediante una moción de censura, en 2020 la proclamación del Estado de Alarma por la pandemia, desde 2023 la prórroga automática de los Presupuestos Generales del Estado, por la inoperancia del Gobierno, sin que se bloqueen las Administraciones Públicas.
En Ceuta no habrá recelo ante una autoridad militar, porque cuando un ceutí ve a un militar español lo que siente es confianza y orgullo. Si a alguien se le ocurre una solución más rápida, dentro de la ley, que la exponga. El Gobierno socialista no tuvo reparos en aprobar una Ley de Amnistía aconstitucional para comprar la investidura de Sánchez. Así que ha demostrado que cuando hay voluntad política, se pueden adoptar medidas excepcionales.
Mientras el Gobierno siga arrastrando los pies, después de un mes perdido por respeto al sacrosanto derecho vacacional de Pedro Sánchez, los ceutíes seguiremos siendo los asediados. Resulta crucial mantener las movilizaciones y el foco mediático, y hacer comprender a quienes han sido utilizados como peones de un acto de guerra híbrida, que han sido engañados. Que llevan malviviendo más de un mes en la ciudad para nada. Que la inmensa mayoría no conseguirá el asilo.
Para finalizar, quiero rememorar el cariño y los gritos de ánimo a los ceutíes a lo largo de toda la geografía española, que yo viví en la Cibeles; y apelar a la resistencia heroica de nuestros antepasados en el testimonio de Alejandro Correa da Franca (1673-1750) sobre la reacción de los ceutíes cuando se levantó el asedio de Muley Ismail en 1727: «Es indecible el gozo que este día indujo a los habitadores de esta nobilísima ciudad, por tan varios modos tan porfiadamente afligida treinta y dos años y cinco meses […] A una voz todos resonaban y repetían gracias al Altísimo por tan singular bien. Todos salíamos al campo y hasta las más ancianas mujeres pretendían, y después lograron, el consuelo de ver y pisar aquellos campos […] poco antes dominados de enemigos […] Se cantó el Te Deum y dieron gracias a la Virgen de África, con la más festiva alegre devoción, por el favor nuevamente experimentado.»
Javier Celaya Brey
Diputado nacional por Ceuta
