La Fiscalía de Área de Ceuta ha admitido a trámite el escrito interpuesto por el diputado de la Asamblea de la Ciudad por Ciudadanos, Javier Varga y ha remitido las correspondientes diligencias al Juzgado de Guardia.
«Parece que existía un concierto entre Acemsa y la acreedora ACC para solucionar el tema en los juzgados. Ciudadanos no es partidario de judicializar pero las explicaciones son insuficientes»
JAvier Varga, Ciudadanos
En dicho escrito se denuncia la supuesta dejación de actuaciones en defensa de los intereses de la sociedad municipal Acemsa y los perjuicios generados a la Ciudad Autónoma y a sus contribuyentes. En este escrito Varga se constituye en uno de los actores al relatar que tras ser convocado el Consejo de Administración de la Sociedad de Aguas de Ceuta del pasado 16 de marzo detectó que el presidente del Consejo de Acemsa, a la sazón, Consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos propuso proceder al pago de más de 1.600.000 euros a la sociedad Africana de Contratas y Construcciones (ACC) por la prestación de servicios de mantenimiento de la red de saneamiento en el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y junio de 2017 (correspondiendo la dirección de Acemsa a Emilio Carreira durante aquel lapso).
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Javier Varga, Ciudadanos
Varga denuncia que en las fechas referidas ya había finalizado el contrato vigente entre ambas sociedades. No se explica entonces el diputado «el hecho que impide acreditar causas o responsables de la continuidad de los servicios y la falta de contrato, ni la inexistencia de resolución que dé cobertura a dichos servicios».
En los hechos expuestos Varga remite a la fiscalía a un decreto de febrero presentado por ACC, en el que mediante un procedimiento monitorio solicita el pago de la cantidad adeudada a Acemsa mediante demanda ejecutiva. Acemsa no acudió a ejercer su derecho a defensa ante el Juzgado de primera instancia, lo que Ciudadanos tacha de «dejadez que supone un perjuicio por la aceptación implícita de la cantidad reclamada». Asimismo califica de inútiles cada una de las solicitudes reclamadas por el interventor ya que no se llevan a efecto. Quedan en el aire, por tanto, la comprobación de cantidades debidas por Acemsa, el informe jurídico explicativo de las razones concurrentes para justificar la prórroga del contrato y el reconocimiento tácito de la deuda que se desprende del informe emitido por el letrado Fidel Rodríguez, que señala al «incumplimiento de las obligaciones legales y administrativas de los responsables de Acemsa y cuyo monto», declara el escrito «no ha sido ni previa ni posteriormente correctamente establecido, ni avalado por la Intervención de la Ciudad, se corresponde a una estrategia pactada con ACC». Ciudadanos entiende que existe un pacto tácito mediante el que Acemsa abona a ACC»un dinero público que no le correspondía al carecer de título jurídico que le habilitare» por lo que lo narrado puede constituir un presunto delito de «malversación de caudales públicos», que de probarse puede acarrear penas de prisión de tres a seis años de duración e inhabilitación de seis a diez años.
Varga requirió en este escrito que se recibiese declaración al gerente de Acemsa, al presidente del Consejo de Administración, a los directores técnicos de Acemsa y a los gerentes de la mercantil ACC. Han pasado seis meses desde la interposición de este escrito, tiempo suficiente para realizar la instrucción y es ahora la Fiscalía quien pone los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción.
