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Los sindicatos policiales acusan a Francisco Martín de «doble vara de medir» en plena precampaña y de poner a los agentes en el «disparadero político» tras expedientar la intervención en la protesta educativa de Ciudad Universitaria, que se saldó con cinco detenidos.
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Nuevo choque frontal entre los sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno en Madrid. Las organizaciones policiales JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP) han exigido este jueves la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras sus declaraciones cuestionando la «proporcionalidad» de las cargas llevadas a cabo por las Unidades de Intervención Policial (UIP) durante la manifestación de docentes y estudiantes en la Universidad Complutense.
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El conflicto se desencadenó durante la segunda jornada de la huelga indefinida en la educación madrileña, cuando varios grupos de manifestantes —algunos de ellos embozados— cortaron el tráfico en el campus de Ciudad Universitaria. Según fuentes policiales, los concentrados intentaron rebasar el cordón de seguridad e infligieron agresiones directas a los agentes, lo que motivó una intervención de carga que concluyó con al menos cinco manifestantes detenidos —varios de ellos heridos— y dos policías lesionados.
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Sin embargo, en lugar de respaldar la actuación de las unidades antidisturbios, Francisco Martín anunció la apertura de una «investigación de urgencia» al Jete Superior de Policía al considerar «muy duras» las imágenes difundidas y sugerir que la respuesta policial careció de la proporcionalidad exigida.
JUPOL acusa a Moncloa de «apagaón informativo» y riesgo deliberado
La reacción de la central sindical JUPOL ha sido categórica, acusando a la Delegación del Gobierno de lanzar imputaciones públicas contra las Fuerzas de Seguridad al tiempo que les deniega la información operativa necesaria para organizar los despliegues con garantías de seguridad. Para JUPOL, la decisión de Martín responde a un «cálculo político» en vísperas de los comicios generales del 29-N que pone en grave riesgo la integridad física tanto de los agentes intervinientes como de la propia ciudadanía.
Por su parte, la CEP tildó de «escandaloso ejercicio de sospecha prematura» la actitud del delegado, recordando que Martín prejuzgó públicamente la intervención antes de disponer de los informes de la investigación interna que él mismo requirió. La confederación contrapuso la severidad de Martín hacia los agentes en Ciudad Universitaria con la «pasividad y comprensión» mostrada ante otros incidentes de orden público, criticando una «deriva de incoherencia institucional» motivada por el contexto electoral.
Reincidentes reproches a la actuación de la Policía Nacional
Desde la CEP subrayan que no se trata de un episodio aislado en la trayectoria del delegado del Gobierno. Los sindicatos recordaron sus duras valoraciones tras el polémico desahucio de la anciana Maricarmen Abascal a finales de septiembre en el distrito de Retiro —donde Martín afirmó públicamente que no le habían «gustado» las imágenes de la actuación policial— o sus críticas a las intervenciones en el barrio de Lavapiés en marzo de 2024.
«Para CEP es inaceptable esta doble vara de medir. La profesionalidad de los compañeros debe merecer el mismo respeto, con independencia de la controversia política que rodee a cada dispositivo», concluyó el colectivo. Mientras el conflicto político se enquista, la policía mantiene activados los dispositivos de vigilancia en los campus universitarios y ejes viales de la capital ante la continuidad de los paros en la enseñanza madrileña.
