El Gobierno de coalición en España enfrenta tensiones internas debido a las negociaciones sobre el decreto de vivienda. Sumar, el ala minoritaria del Ejecutivo, se niega a ceder en sus reivindicaciones, lo que ha generado incertidumbre sobre el acuerdo con el PSOE. Las discusiones se centran en la inclusión de todas las demandas del Sindicato de Inquilinas, especialmente en lo referente a los contratos indefinidos y la regulación del alquiler por habitaciones.
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El Ministerio de Vivienda, liderado por el PSOE, ha propuesto una prórroga de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que los inquilinos estén al corriente de sus pagos. Esta medida también incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2028, cuando el demandante sea un fondo especulativo. Para otros propietarios, el procedimiento se suspenderá si no se proporciona una alternativa habitacional adecuada en un plazo de tres años.
A pesar de los avances en algunos puntos, como la prohibición de la compra especulativa de viviendas por fondos buitre y la regulación del alquiler de temporada, persisten las diferencias en la regulación del alquiler por habitaciones y la instauración de contratos indefinidos. Sumar considera que estas medidas son esenciales para combatir la especulación y proporcionar estabilidad en el mercado del alquiler.
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El PSOE ha cedido en algunos aspectos, como la prórroga de contratos, pero se mantiene firme en su rechazo a los contratos indefinidos. Por otro lado, Sumar ha aceptado posponer la inclusión de expropiaciones de pisos en el decreto, aunque planea abordar este tema en un futuro decreto.
Las negociaciones continúan, con el reloj en marcha antes de la reunión del Consejo de Ministros. La situación refleja la complejidad de alcanzar un consenso en un Gobierno de coalición con visiones divergentes sobre la política de vivienda.
