El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) exigirá al gobierno del PSOE-Unidas Podemos que «ordene» a la empresa estatal Bankia a cumplir con la legislación y oferte las cuentas bancarias básicas como alternativa para que estas familias no sean expulsadas del sistema social
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se ha echo eco de la inquietud de varias familias ceutíes porque varias entidades de crédito de la ciudad (La Caixa y Bankia por el momento) están enviando comunicaciones por las que se les indica que, a partir de ahora, deben pagar una comisión mensual de 20 euros al no tener ingresos mensuales como una nómina o pensión superiores a los 600, dándole como alternativa el cierre de la misma si no pueden abonar esas comisiones.
Para el MDyC esta actitud de las entidades bancarias «saltándose la legislación vigente, muestra la actitud de prepotencia que desarrollan con sus clientes, sobre todo con quienes menos tienen y necesitan la cuenta para realizar los pagos de suministros básicos o para recibir las ayudas que sus derechos como ciudadanos les aseguran».
«Pero lo que sobrepasa los límites de lo razonable«, ha añadido MDyC, es que «un banco salvado con el dinero de todos y en manos del Estado aplique estas políticas de selección de clientes expulsando a las familias más vulnerables del sistema financiero«. El MDyC recuerda que el 62% de la empresa Bankia es «propiedad del Estado».
Desde el MDyC exigen al Gobierno de España de la coalición PSOE-Unidas Podemos que «de forma inmediata ordene a la empresa estatal Bankia que deje de expulsar del sistema bancario a las personas más vulnerables y aplique la ley», utilizando las denominadas «cuentas bancarias básicas” legisladas en el año 2017, tras la transposición de la directiva de la Unión Europea de 2014.
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Este tipo de cuentas, ha recordado el partido de Fatima Hamed, mantiene una comisión máxima de tres euros al mes en «unas condiciones de ingresos relacionadas con el IPREM e incluso gratuitas para aquellas personas que no superen ese importe». Además, ha apuntado, «no exige a los titulares de las cuentas requisitos de residencia, pudiendo abrirlas hasta quienes no tienen un domicilio fijo (el legislador europeo sí piensa en los sin techo)».
El MDyC «no comprende que un supuesto gobierno progresista permita estas políticas de las empresas públicas, expulsando a los más vulnerables de los servicios que le permitan ejercer sus derechos en una ciudad donde más del 40% de la población vive en riesgo de exclusión social».
