La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y el director provincial de Educación, Javier Martínez han comparecido ante los medios para dar cuenta del protocolo que se está siguiendo ante el caso de presuntos abusos a menores en el centro de enseñanza de infantil y primaria, Ramón y Cajal
El presunto autor de los hechos, un profesor interino que llevaba en el centro escolar desde septiembre, fue detenido el pasado viernes y puesto a disposición judicial. Fue el Juzgado de Instrucción número 3, quién decretó la prisión provisional sin fianza para el presunto agresor de menores.
Te interesa
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
En la mañana de este martes, las máximas autoridades administrativas relacionadas con el suceso, han explicado a los medios de comunicación el protocolo que hay establecido para estos supuestos.
Lee tambien: Detienen en México al presunto asesino de Claudia Tacoronte
La Delegada del Gobierno ha querido enviar un mensaje de confianza en los Servicios Públicos, en los ámbitos de sanidad, educación y de seguridad ciudadana “nos encontramos en este punto porque los servicios públicos en aplicación de protocolos estrictos son capaces de detectar situaciones como estas, y poner en marcha el funcionamiento de los instrumentos del Estado de derecho”.
Mensaje de tranquilidad
La Delegada del Gobierno, ha querido trasladar un “mensaje de tranquilidad” a toda la sociedad ceutí y, especialmente, a la comunidad educativa y ha insistido en que “contamos con los medios y sistemas de detección y actuación necesarios, así como los recursos necesarios para actuar”.
En particular, la máxima responsable del Gobierno central en Ceuta, se ha dirigido a los padres, madres y personal decente del centro “estamos con vosotros” y ha insistido en trasladarles “un mensaje de confianza, apoyo y cariño, en mi nombre y en el de toda la sociedad ceutí”. Además, ha asegurado que están y estarán a su disposición, en cualquier momento.
“Estamos ante un caso que nos escandaliza a todos, somos conscientes del enorme reproche moral que generan conductas como las que están siendo investigadas, sobre todo porque tienen como víctimas a quienes deben ser objeto de la máxima protección y amparo, como es la infancia” ha dicho Mateos.
La delegada ha asegurado que “para quien les habla este sentimiento procede de una triple condición, como madre, como docente de profesión y como ciudadana, por eso en un escenario como este es fundamental “reafirmar nuestra confianza en los servicios públicos, especialmente en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, que están al frente de las investigaciones, bajo control y seguimiento de la autoridad judicial y con el conocimiento y el apoyo de la Fiscalía de Menores” ha aseverado.
Para la delegada, “lo más importante ahora es colaborar con la investigación para el esclarecimiento de los hechos, proteger los derechos y la intimidad de los menores y ofrecer todo el apoyo a la comunidad educativa, plena confianza en los protocolos con los que cuenta la administración educativa y en el buen hacer de quienes están al frente de la investigación”.
Al presunto agresor no le constaban delitos sexuales previos
Javier Martínez, director provincial de Educación, ha explicado que se está cumpliendo con el protocolo establecido por el Ministerio de Educación y ha detallado las actuaciones llevadas a cabo desde la Dirección Provincial. Martínez ha recordado que la investigación se encuentran bajo secreto de sumario y que, también en estos casos hay que ir con cautela y que se debe respetar la presunción de inocencia.
Martínez ha explicado que todos los profesores, maestros y maestras tienen que aportar un certificado de delitos en materia sexual, en este caso, el supuesto agresor lo habría entregado a la dirección provincial con fecha 09 de septiembre de 2019. Un día antes de que empezaran las clases, por lo que está documentado que este maestro no tenía antecedentes en este ámbito.
Reuniones con la comunidad educativa y apertura de expediente administrativo
Una vez se han conocido los hechos, la Dirección Provincial ha mantenido una reunión con el profesorado del centro, con las familias implicadas hasta el momento y con aquellas familias que se han acercado a primera hora al colegio.
Al margen de la actuación judicial, se ha iniciado un procedimiento administrativo. “El primer paso es la apertura de un expediente informativo, que se elevará en las próximas horas al subsecretario de Estado, que tiene la capacidad para apartar del servicio a este funcionario, con carácter provisional y como medida cautelar”. Además, mañana habrá un nuevo maestro y “por lo tanto el centro estará perfectamente atendido”.
Cuando la justicia dicte sentencia, “tendremos que apartarle definitivamente del servicio o no, porque podría ser, que este maestro salga libre de cargos y se pueda incorporar”.
Un hecho que se escapa de los protocolos
“Toda la comunidad educativa es consciente, de que es un hecho que se nos escapa a todos los protocolos posibles” ha dicho Javier Martínez, e insiste en que “no se ha detectado previamente ningún tipo de conductas reprobables” por parte de este maestro. “No ha habido ninguna manifestación que nos ayudase a prever esta situación” ha lamentado el Director Provincial. Además, ha asegurado que los temas transversales, como es la prevención del abuso sexual en el ámbito escolar, “se trabajan de manera estructural y continuamente”.
