La ministra de Igualdad, Irene Montero, explicó ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados las principales medidas para esta legislatura. La ministra destacó las diferentes políticas de igualdad como las políticas de supervivencia, destinadas a garantizar vidas dignas de ser vividas para las mujeres y luchar contra todas las formas de violencia que sufren por el hecho de serlo; políticas de redistribución e igualdad, centradas en el replanteamiento de las relaciones económicas y sociales en materia tanto de trabajo como de usos del tiempo y corresponsabilidad; y políticas de cuidado de la diversidad, que pretenden combatir cualquier forma de discriminación que afecte a las personas tanto por su orientación, identidad o expresión de género, como por su origen étnico-racial.
Montero puso en valor la existencia de un Ministerio de Igualdad y afirmó que la violencia contra las mujeres «constituye una de las violaciones de derechos humanos más graves, habituales y silenciadas de cuantas se cometen en nuestra sociedad». Desde el año 2003 al 19 de febrero de 2020, 1.044 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. Solo en lo que va de año, 13 mujeres han sido asesinadas por este motivo.
Para luchar contra esta violencia, Irene Montero anunció que pronto (el próximo martes, 3 de marzo) llevará al Consejo de Ministras y Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y, de forma inmediata, se iniciarán los trabajos para tener una Ley Integral contra la trata. La ley de Libertad Sexual, en Cumplimiento del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul, establecerá medidas integrales cuya finalidad es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las violencias sexuales, a la vez que proteger y reparar a las víctimas. Para prestar asistencia a las víctimas, se implantará una red de servicios de información y asistencia integral especializada en base a estándares de disponibilidad, accesibilidad y calidad, que incluya los centros de crisis 24 horas recomendados por el Consejo de Europa.
De esta manera, por primera vez en el ordenamiento jurídico español se dará un marco normativo integral que reconocerá como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración del derecho a decidir acerca de la vida sexual, incluyendo vulneraciones de la libertad sexual como agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, acoso, extorsión sexual y engaño pederasta. También cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación; así como la mutilación genital femenina, la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual, el matrimonio forzado, la trata por razones de explotación sexual, así como las violencias sexuales simbólicas.
Asimismo se prestará especial atención a las víctimas de explotación sexual, por ser «una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres», y será una prioridad de la ley de Libertad Sexual proteger a las víctimas de explotación sexual y «darles los derechos que les corresponden».
Materia educativa e igualdad salarial
En materia educativa la ministra anunció un Plan de sensibilización y prevención de todas las violencias machistas con dos ejes centrales: implicar al ámbito educativo en todas las etapas y abordar las violencias machistas en los entornos digitales. Además en el ámbito universitario el Ministerio promoverá, en alianza con el de Universidades y desde la Mesa de Género y Universidades, que los estudios feministas y de género sean plenamente reconocidos como área de conocimiento.
Por otro lado y en estrecha colaboración con el Ministerio de Trabajo, la ministra Irene Montero ha anunciado una serie de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que, entre otras cuestiones, igualará progresivamente los permisos por nacimiento, acogida o adopción de menores, para igualar a trabajadoras y trabajadores ante el hecho de conformar sus familias. Así, y de nuevo junto al Ministerio de Trabajo, se llevará a cabo la promulgación de una Ley de tiempo corresponsable que consolide los derechos de las y los trabajadores en igualdad. Montero anunció también, conforme se recoge en el acuerdo de coalición, que España ratificará el convenio 189 de la OIT para ampliar los derechos de las trabajadoras domésticas.
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A su vez, recogiendo lo establecido en el Pacto de Gobierno, y a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, se tramitará la Ley para la Igualdad social de las personas LGTBI para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad. También se dará prioridad a la presentación de una Ley Trans, que garantice el anclaje de los derechos y libertades fundamentales de las personas trans, que pasan tanto por la autodeterminación como por la plena despatologización.
A nivel internacional para el Ministerio de Igualdad, en coordinación con el resto de países, será una prioridad frenar la explotación reproductiva de las mujeres, conocidos como «vientres de alquiler», con la convicción de que los cuerpos de las mujeres no pueden ser objeto de mercantilización, y que ésta es una condición inexcusable para hablar de libertad y de garantía de los derechos humanos.
