No tiene ningún sentido que desde que dio comienzo esta pandemia, nadie o casi nadie se haya acordado de un colectivo tan vulnerable como es el de las personas discapacitadas; personas que en su día a día nos han demostrado que su poder de superación es increíble y que hace más el que quiere que el que puede. Esta crisis les ha hecho afrontar riesgos diferentes sobre el resto de la población, por ello en las mismas medidas que las políticas deben contemplar las necesidades especificas de las personas a las que se dirigen en funciones tales como, su edad, género y estado socioeconómico. Es de ley que se consideren los mismos derechos, de los riesgos y requerimientos de las personas con discapacidad.
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El mensaje que debe hacer llegar la Administración ante esta crisis es que ante riesgos diferenciados, se necesitan desarrollar respuestas diferenciales, por lo que debemos cuestionarnos cuáles son las primeras líneas de acción que piensa llevar el Estado con este colectivo tan vulnerable. Una propuesta sería la de cubrir urgentemente una prestación para que ellos pudieran tener su propia dependencia en su día a día, creando protocolos específicos que les permitan entre otras cosas la movilización de asistentes personales que ofrezcan ayuda a todas estas personas con alguna discapacidad, sobre todo a aquellas que por su situación familiar y personal no tengan a nadie para poder realizar actividades tan básicas y esenciales como comer y asearse.
Sería de muchísima ayuda para este colectivo realizar campañas de capacitación dirigidas al personal de apoyo de emergencias (Policía, bomberos y profesionales del ámbito de la salud). Esta campaña prestaría mayor atención a esas personas que son sordas o sordomudas, debiendo implementar por parte de las instituciones un servicio de profesionales de lenguaje y señales ante la falta de ellos en centros hospitalarios.
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Acogiéndonos al último censo oficial sobre personas con discapacidad en nuestro país, se estima que actualmente asciende a 3,84 millones. Estas encuestas son llevadas a cabo cada diez años, por ello este colectivo no debería ser ignorado ni por la sociedad ni por el propio Gobierno. En este momento actual no existe solución alguna a este problema y se tendría que estar trabajando para que esta posibilidad se hiciese realidad y viable, consiguiendo de este modo que la vida de estas personas mejoraran notablemente y que el propio Estado lo garantizase.
No hay que olvidar que, todas las personas sordas no se comunican mediante lenguaje de signos, ya que son muchas las que desconocen este medio de comunicación, por lo que el uso de mascarillas transparentes les ayuda a entender y a comunicarse con otras personas. Por lo que instamos al Gobierno a que se les tenga en consideración y que se fabriquen mascarillas transparentes homologadas que, ofrezcan todas las garantías sanitarias. Porque la solidaridad hacia los demás nos hace grandes.
José Antonio Carbonell Buzzian
