«Ningún demócrata del mundo. Ninguna persona que defienda los derechos humanos como código ético universal puede permanecer impasible ante esta nueva oleada de crímenes», advierte la coalición
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La coalición localista Caballas pedirá en el Pleno de la Asamblea una condena institucional, unánime y con «la máxima rotundidad» del «genocidio horrendo perpetrado por el Estado de Israel» contra el pueblo palestino. Igualmente, los localistas instarán también a los distintos grupos parlamentarios a expresar abiertamente su repulsa hacia las «las acciones bélicas llevadas a cabo por el Estado de Israel contra familias palestinas inocentes a las que se ha expulsado ilegalmente de sus casas».

Por último Caballas pretende que desde la Ciudad se exija «que se cumpla el derecho internacional, que se obligue a Israel a asumir las resoluciones de la ONIU y el cese inmediato de la impune violación de los derechos humanos que allí se está produciendo».

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«De nuevo el Estado de Israel vulnera las leyes internacionales. Burla los acuerdos de la ONU. Ataca con una violencia desmedida a una población indefensa. Se está escribiendo un capítulo más de uno de los genocidios más horroroso y repugnante de este siglo. Ante una vomitiva complicidad de quienes se piensan que les asiste la legitimidad suficiente para manejar el mundo a su antojo», señala Caballas, que recuerda que, en esta ocasión, «el detonante del recrudecimiento del conflicto han sido las expulsiones ilegales de familias palestinas de sus propios domicilios en Jerusalén Este».

En este sentido, la coalición localista recuerda las declaraciones del portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derecho Humanos, Rupert Colville:

«La transferencia de partes de la población civil de la potencia ocupante al territorio que ocupa está prohibida bajo el derecho humanitario internacional y puede constituir un crimen de guerra».

«Nos gustaría enfatizar que Jerusalén Este sigue siendo parte del territorio ocupado palestino, en el cual se aplica el derecho internacional humanitario. La potencia ocupante no puede confiscar propiedad privada en el territorio ocupado y debe respetar la legislación del país. Esto significa que Israel no puede imponer su propio conjunto de leyes en territorio ocupado para desahuciar a palestinos de sus hogares», añadió Colville.

Asimismo, Caballas insiste en que la ONU ya «ha calificado lo ocurrido de posible crimen de guerra» y que el organismo ha reiterado que «todas las resoluciones y medidas administrativas y legislativas de Israel, la potencia ocupante, que han alterado o pretenden alterar el carácter y estatus de Jerusalén Este, incluida la expropiación de tierras y propiedades, son nulos, carentes de valor y deben dejarse sin efecto de inmediato».