Varias democracias europeas limitan el derecho al voto exterior de sus ciudadanos cuando nunca han residido en el país, un debate que vuelve a España tras la polémica sobre la ley de nietos
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El debate sobre el derecho al voto de los españoles que han adquirido la nacionalidad por descendencia ha abierto una discusión sobre cómo gestionan otros países europeos la relación entre nacionalidad y sufragio desde el extranjero.
Mientras en España la obtención de la nacionalidad a través de la llamada ley de nietos permite acceder al censo electoral mediante la inscripción correspondiente, algunos Estados europeos establecen requisitos adicionales para que sus ciudadanos puedan participar en elecciones si viven fuera del país o nunca han tenido residencia en él.
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El exvicepresidente de la Comisión Europea Josep Borrell recordó recientemente que nacionalidad y derecho al voto no siempre van unidos en todos los sistemas europeos, señalando como ejemplo el modelo alemán.
Países europeos con restricciones al voto exterior
Entre los países que aplican limitaciones al sufragio de ciudadanos en el extranjero se encuentran Alemania, Dinamarca, Irlanda, Chipre y Malta en determinados casos relacionados con ciudadanos nacidos en el país, mientras que Reino Unido, Suecia y Bélgica establecen condiciones específicas para descendientes nacidos fuera del territorio nacional.
En Alemania, los ciudadanos que viven en el extranjero deben demostrar que han residido en el país durante al menos tres meses consecutivos después de cumplir los 14 años y dentro de los últimos 25 años para poder ejercer su derecho al voto.
En Dinamarca, la Constitución vincula el derecho electoral con la residencia permanente en territorio danés. Los ciudadanos que viven fuera pierden el derecho al voto salvo algunas excepciones, como aquellos que acrediten intención de regresar al país en un plazo determinado.
Irlanda exige residencia habitual en la circunscripción electoral, mientras que en Chipre y Malta también existen requisitos vinculados al tiempo de residencia previa antes de unas elecciones.
Estas normas cuentan con excepciones para determinados colectivos como personal diplomático, militares, estudiantes o trabajadores desplazados por motivos profesionales.
Hijos y nietos de ciudadanos: modelos diferentes en Europa
Aunque la mayoría de países de la Unión Europea permiten que sus nacionales voten desde el extranjero simplemente por tener la ciudadanía, algunos Estados introducen condiciones adicionales para quienes nunca han vivido en el país.
En Reino Unido, por ejemplo, se eliminó en 2022 la antigua limitación de 15 años para ciudadanos británicos residentes fuera del país. Sin embargo, quienes tienen nacionalidad británica pero nunca han vivido en Reino Unido no pueden votar.
En Suecia, los ciudadanos deben haber estado registrados como residentes en algún momento de su vida. Los suecos nacidos en el extranjero que nunca han vivido en Suecia quedan fuera del derecho al voto.
En Bélgica, los ciudadanos nacidos fuera del país deben cumplir determinados trámites para conservar su nacionalidad y mantener sus derechos asociados.
España mantiene un modelo basado en la nacionalidad
Frente a estos sistemas, España permite actualmente que quienes adquieren la nacionalidad por descendencia puedan ejercer el derecho al voto aunque nunca hayan residido en territorio español.
La inscripción consular permite incorporarse al censo electoral y participar en los procesos electorales correspondientes.
Otros países europeos han optado además por crear fórmulas específicas para representar a sus ciudadanos en el exterior. Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Lituania y Croacia cuentan con circunscripciones electorales exteriores con representación propia para la diáspora.
España, en cambio, integra los votos emitidos desde el extranjero dentro de las circunscripciones existentes.
La polémica de la ley de nietos
La aplicación de la conocida como ley de nietos ha reabierto en España el debate sobre si la nacionalidad obtenida por descendencia debe implicar automáticamente el derecho al voto.
La norma permitió solicitar la nacionalidad española a descendientes de españoles en el extranjero, especialmente vinculados a procesos migratorios y de exilio.
Quienes defienden establecer más requisitos argumentan que una persona que nunca ha vivido en España puede no tener una relación directa con la realidad política del país. Sus detractores sostienen que la nacionalidad lleva aparejados derechos políticos reconocidos legalmente.
El debate sitúa a España ante una cuestión que otros países europeos ya han abordado con soluciones diferentes: qué vínculo debe existir entre ciudadanía, residencia y participación electoral.
