La Junta de Andalucía ha expresado su “máxima preocupación” por la situación migratoria en Ceuta y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que refuerce su respuesta y atienda las solicitudes planteadas por la ciudad autónoma. El vicepresidente primero andaluz, Antonio Sanz, considera además “imprescindible” revisar la Ley de Extranjería.
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, reclamó este viernes al Ejecutivo central que “reaccione” ante la llegada masiva de migrantes registrada en Ceuta. Su cargo actual está recogido en la estructura oficial del Gobierno andaluz.
Durante una entrevista en Canal Sur Radio, Sanz aseguró que la situación ha superado “todos los límites” y atribuyó lo ocurrido a lo que calificó como falta de planificación y coordinación en la política migratoria del Gobierno.
El dirigente andaluz responsabilizó políticamente al Ejecutivo de Sánchez de actuar mediante la “improvisación” y le reprochó no haber respondido como reclama la ciudad autónoma ante la presión que soportan sus servicios y recursos.
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“Exigimos al Gobierno de España que reaccione y que apoye a la ciudad de Ceuta en sus peticiones”, manifestó Sanz, quien también pidió abandonar la “demagogia” y establecer una estrategia migratoria con mayor coordinación entre las administraciones.
El vicepresidente primero defendió además una reforma de la Ley de Extranjería, al considerar que la normativa presenta “fallos importantes” que dificultan la respuesta ante episodios de entrada irregular como el registrado en la frontera del Tarajal.
Esta petición representa la valoración política del Gobierno andaluz. El reciente debate jurídico se ha intensificado después de que el Tribunal Supremo estableciera que el rechazo inmediato previsto para Ceuta y Melilla no puede aplicarse automáticamente a quienes son interceptados en el mar intentando llegar a nado, al no haber superado un elemento físico de contención fronteriza.
La Junta ya había trasladado previamente su solidaridad con Ceuta y había defendido la necesidad de afrontar las causas de los movimientos migratorios en los países de origen, además de estudiar cambios legales que permitan responder a situaciones de elevada presión fronteriza.
La intervención de Sanz aumenta la presión política sobre el Gobierno central, mientras continúan las actuaciones de seguridad, acogida y coordinación con Marruecos para gestionar las consecuencias de las llegadas.
