La administración central reafirma la aplicación del marco legal vigente para gestionar las expulsiones regladas, entre críticas de la oposición que demanda mayor contundencia institucional.
La estrategia de respuesta del Ministerio de Política Territorial frente a la reciente oleada de entradas irregulares en la ciudad autónoma de Ceuta pasará por la ejecución de los tratados bilaterales suscritos con el Reino de Marruecos. En intervenciones públicas, el titular del departamento, Ángel Víctor Torres, ha aseverado que los expedientes de retorno se procesarán con arreglo a los mecanismos jurídicos ordinarios, distinguiendo en el procedimiento las garantías específicas aplicables a los grupos vulnerables y a los menores de edad.
El anuncio coincide con un clima de confrontación política al alza, donde las filas del Partido Popular reprochan a la Moncloa la falta de una respuesta de choque proporcionada al desafío fronterizo. Los representantes de la formación conservadora insisten en que el Ejecutivo central dispone de los recursos de seguridad necesarios para blindar el perímetro del Tarajal, advirtiendo del impacto social y logístico que el incremento de ocupación asistencial ocasiona entre la población local.
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Paralelamente, desde la dirección de la oposición se demanda una coordinación policial reforzada para contener los episodios de tensión en la demarcación norteafricana. Mientras los equipos gubernamentales ultiman sus comparecencias institucionales, la gestión de la política exterior y la cooperación con las autoridades marroquíes se sitúan como los ejes clave para contener la crisis migratoria en la zona.
