Uno de los hechos más graves que estamos observando en Ceuta en las últimas semanas es la imposibilidad de obtener cita para realizar una solicitud de asilo. En la plataforma informática de solicitud de cita se informa a los solicitantes de que “no hay citas disponibles”, sin establecer un horizonte temporal en el que la cita pueda ser obtenida.
No existe, además, ni en la vía telemática ni en la presencial la posibilidad de obtener un justificante de que el solicitante ha intentado obtener la cita y no lo ha logrado por causas ajenas a su responsabilidad. Es decir, que no cuentan con un resguardo de su manifestación de voluntad de solicitar asilo. Desde las instituciones se justifica que es por razones técnicas y desde No Name Kitchen observamos que son causas políticas para permitir a menos personas obtener algún documento que les permita tener cierta protección y es que esto deja a muchas personas desprotegidas.
Esto deja a muchas personas desprotegidas que no pueden volver a su país pues se pondrían en peligro pero a la vez se ven atrapadas en Ceuta sin protección alguna ante una posible devolución hacia Marruecos, país vecino a la ciudad.
Denegación de un derecho inherente a los seres humanos
El derecho de asilo es un derecho internacional inherente a todos los seres humanos, sin distinción. Concretamente, el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce este derecho: ‘’En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.’’
Asimismo, la legislación española también regula el derecho de asilo y protección subsidiaria reconocido en la Constitución. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, de acuerdo con lo previsto en el apartado cuatro del artículo 13 de la Constitución, tiene por objeto establecer los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de dicha protección internacional. Hoy en día, en Ceuta, se está negando el derecho a asilo con esta práctica, algo que está completamente contrario a la legislación.
No existe ninguna estructura ni soporte en la ciudad de Ceuta (a parte de los centros de menores y el CETI) que asesore jurídicamente a las personas que desean pedir asilo. Y muchas personas, por su edad o por su nacionalidad quedan fuera del CETI o los centros de menores.
Concretamente, somos testigos de que las personas adultas nacidas en Marruecos han visto su entrada negada al CETI por razones arbitrarias, y coincide que muchos de los casos que estamos recogiendo han llegado después del acuerdo que España y Marruecos firmaron en el mes de mayo en asuntos migratorios y que está teniendo consecuencias varias, además de la extrema violencia en la frontera como hemos visto en Melilla en junio.
Por su parte, toda administración pública debe seguir las políticas definidas por la Unión Europea y tienen la obligación de la integración de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. La ONU, por su parte, se compromete a proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
Qué hace No Name Kitchen en Ceuta
Uno de los trabajos más importantes de No Name Kitchen (NNK) en Ceuta es ofrecer acompañamiento jurídico, trabajando conjuntamente con las personas, para que puedan hacer efectivos sus derechos y/o puedan migrar de manera segura ya que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Ya hemos informado de estas irregularidades a la oficina del Defensor del Pueblo de España con quejas oficiales y estamos a la espera de respuesta.
Y con ello, No Name Kitchen, con apoyo de Solidary Wheels desde Melilla, asiste a personas migrantes y solicitantes de protección internacional con especial atención a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y corren mayor riesgo de padecer violaciones de derechos humanos.
