Los sindicatos policiales y las autoridades locales dudan de que las 6.000 plazas anunciadas por el Gobierno sean suficientes, mientras aumentan los disturbios nocturnos y la tensión ciudadana en la ciudad autónoma.
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La situación de saturación y tensión social en la ciudad autónoma de Ceuta continúa agravándose semanas después de la entrada masiva registrada a finales de julio. El campamento provisional de Loma Margarita, levantado sobre terrenos de titularidad militar para albergar a unas 1.300 personas de origen subsahariano, se ha convertido en el reflejo de la compleja gestión logística sobre el terreno. El recinto, compuesto por naves industriales de hormigón y cubiertas metálicas sin cerramientos laterales completós, busca separar a esta población de los colectivos magrebíes asentados en otras zonas para prevenir enfrentamientos violentos, mientras portavoces policiales dan por hecho que la mayoría terminará solicitando asilo político al proceder de países en conflicto bélico.
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La incertidumbre sobre el futuro de miles de personas asentadas en asentamientos informales como la playa del Trampolín choca con las previsiones del Ejecutivo central. Pese a que el ministro de Política Territorial y responsable del mando único, Ángel Víctor Torres, cifró recientemente en más de 4.000 los retornos voluntarios y en 278 las expulsiones ejecutadas, la falta de concreción sobre el número total de filiaciones pendientes alimenta la desconfianza del Gobierno autonómico liderado por Juan Jesús Vivas. La posibilidad deslizada por la Presidencia del Gobierno de convertir las infraestructuras de emergencia en centros permanentes ha desatado la alarma entre vecinos y entidades locales, que denuncian el peligro de que la ciudad se transforme de manera estructural en un campamento de refugiados al aire libre.
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Desde las organizaciones sindicales de la Policía Nacional, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP), se insiste en que los refuerzos destinados a la unidad de Extranjería continúan siendo insuficientes para agilizar la tramitación de expedientes y garantizar la seguridad general. Mientras la Secretaría de Estado de Migraciones busca nuevos terrenos militares —entre los que se baraja el acuartelamiento de García Aldave— para ampliar la capacidad asistencial más allá de las 6.000 plazas comprometidas, la lentitud en los procedimientos de retorno está consolidando lo que las autoridades locales califican abiertamente como una «cronificación» de la crisis migratoria.
A la saturación de los servicios asistenciales se suma un repunte de los episodios de alteración del orden público en la vía urbana. Durante las últimas jornadas, la Policía Nacional detuvo a un hombre mayor de edad por abalanzarse con un arma blanca contra un efectivo militar en el tramo comprendido entre Benzú y el Trampolín. Los altercados nocturnos, concentrados principalmente en las barriadas del Príncipe y los Rosales, mantienen en alerta constante a los servicios de emergencia, coincidiendo además con conatos de incendio forestal registrados en el entorno de Monte Tortuga que requirieron la rápida intervención de las brigadas de extinción.
