La CGT dice que la Delegación del Gobierno actúa con «una actitud de soberbia, de prepotencia y chulería al mostrar un absoluto desprecio a las normas legales en vigor»
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado este domingo donde «lamenta las anunciadas actuaciones temerarias de la Delegación del Gobierno respecto a las condiciones laborales de las contrataciones del plan de empleo 2021/2022″.
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Desde el sindicato advierten, «el desacato de las decisiones judiciales, el incumplimiento de la legalidad vigente y la obsesión por atentar contra el art. 14 de la Constitución, fomentando la discriminación desfavorable entre personas que realizan idénticas funciones en puestos de la administración, volverán a tener censura jurídica por parte de CGT y la solicitud de que se asuman responsabilidades políticas».
«Mostramos nuestra desagradable sorpresa por el anuncio de la administración de incumplir los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión del 16 de noviembre entre la Delegada del Gobierno y responsables de CGT Ceuta y Míguel Montenegro como responsable de CGT Territorial, circunstancia que solo puede llevarnos a la conclusión de que los responsables políticos se consideran estar por encima de sentencias judiciales, de los derechos laborales y de la propia constitución con absoluta y total impunidad», indican en su escrito.
Para CGT «será un desafío y una afrenta de la Delegación del Gobierno si finalmente se confirma que los 722 contratos a firmar los próximos días 22 y 23 de diciembre por trabajadoras/es ceutíes en desempleo, en los que no se respete el IV Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Administración AGE y no se incrementa la partida de 11,9 millones de euros inicialmente prevista».
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Por eso, continúan, se reservan «cuantas acciones legales estén en nuestra mano contra lo que consideramos una actitud de soberbia, de prepotencia y chulería al mostrar un absoluto desprecio a las normas legales en vigor, una actuación temeraria contra las sentencias judiciales y un incumplimiento tácito premeditado del texto constitucional que rige la convivencia y es garante de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos españoles que la Administración debiera ser ejemplo pulcro de cumplimiento».
Por último, desde la CGT se ponen «a disposición de las 722 personas que pueden verse discriminadas social y salarialmente en sus puestos de trabajo para reclamar sus derechos individuales, que complementarán las acciones colectivas que se pondrán en marcha por este Sindicato si finalmente se consolida el nuevo atropello anunciado».
