Las organizaciones patronales CEOE y Cepyme han emitido un duro comunicado conjunto en el que acusan a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de realizar una «utilización política» de las instituciones legislativas en vísperas de los comicios generales fijados para el 29 de noviembre. La reacción empresarial se produce tras la publicación en trámite de audiencia pública de una propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5,3% para el próximo año. Los empresarios han denunciado haber conocido el incremento a través de los medios de comunicación y sin la apertura previa de una mesa de diálogo social con los agentes económicos.
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La cúpula directiva encabezada por Antonio Garamendi argumenta que la fijación de las tablas salariales mínimas a pocos días del arranque formal de la campaña electoral rompe con los principios de lealtad institucional. En este sentido, la patronal ha emplazado al departamento de Trabajo a suspender la tramitación actual y remitir la negociación del decreto salarial al nuevo Ejecutivo que resulte electo en las urnas a partir del próximo mes de diciembre, garantizando el cumplimiento de los plazos legales que autorizan su aprobación antes del cierre del ejercicio 2026.
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Advertencia por el impacto en las pymes y la falta de indexación de la contratación pública
En el plano estrictamente socioeconómico, el sector empresarial advierte de que un incremento del 5,3% fijado sin consenso técnico afectará de manera desproporcionada al tejido de pequeñas y medianas empresas, a las explotaciones agrarias y a las ramas de actividad intensivas en mano de obra. Asimismo, las patronales señalan que la medida encarecerá de forma directa los costes operativos de las familias que requieren contratación de servicios para el cuidado de dependientes, situando los incrementos por encima de las previsiones oficiales del IPC.
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De igual forma, CEOE y Cepyme han vuelto a afear al Gobierno en funciones su negativa a actualizar la normativa sobre contratación pública. Los empresarios critican que la administración general impulse subidas salariales por la vía reglamentaria mientras mantiene congelada desde hace casi una década la ley de desindexación, impidiendo que las empresas adjudicatarias de servicios estatales puedan repercutir los mayores costes laborales derivados del SMI en sus licitaciones.
Exigencia de criterios técnicos frente al uso electoralista del salario mínimo
Las entidades representativas de los empresarios concluyen su escrito reiterando su disposición a abordar incrementos en las rentas más bajas de la economía, pero supeditando cualquier decisión a la existencia de un diálogo social efectivo sustentado en indicadores técnicos macroeconómicos. Para la patronal, la evolución del salario mínimo debe guardar compatibilidad directa con la evolución de la productividad, el mantenimiento del empleo formal y el respeto a la negociación colectiva entre sindicatos y empresas.
Con esta posición de firmeza, la gran patronal y la confederación de pymes buscan frenar la aprobación exprés del decreto antes de la cita electoral, trasladando el debate distributivo al escenario de pactos posterior al 29-N, donde esperan contar con proyecciones económicas de mayor certidumbre.
