La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictaminado la entrada inmediata en prisión de Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M., quienes fueron hallados culpables de formar parte de una red de prostitución de menores desmantelada en 2014. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), las penas impuestas inicialmente sumaban 16 años para Ruth y 12 años para Nelly y Walter.
Sin embargo, la Sala aplicó el límite del artículo 76 del Código Penal, que establece que el máximo de cumplimiento no puede exceder el triple del tiempo de la pena más grave, resultando en un máximo de seis años de prisión para cada uno. Además, deberán pagar multas de 4.300, 3.240 y 4.320 euros respectivamente, y cumplir con una medida de libertad vigilada durante cinco años. También se les ha ordenado indemnizar a las víctimas con un total de 17.000 euros.
El tribunal ha negado la suspensión de las penas solicitada por las defensas, argumentando que los condenados no cumplen con los requisitos del artículo 80.3 del Código Penal. La gravedad de los delitos, la reiteración de conductas y el alto número de víctimas sugieren un pronóstico negativo de reincidencia, según la Sala.
Los tres condenados carecían de antecedentes penales y pidieron disculpas, pero el tribunal consideró otros factores relevantes que impiden la suspensión de las penas. Destacan la capacidad de decisión dentro de la organización y las consecuencias graves para las víctimas, como el miedo persistente y la necesidad de ayuda psicológica.
Por otro lado, Yesenia B.C., también condenada, recibió una suspensión excepcional de su pena de seis años, ya que su implicación fue menor. Otros dos intermediarios, Martín D.T. y Manuela P.P., también recibieron suspensiones debido a sus penas inferiores a dos años.
En cuanto a los empresarios involucrados, algunos recibieron penas de prisión de hasta quince meses, pero se les concedió la suspensión de la ejecución de las penas al cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, cuatro de las víctimas se opusieron a esta suspensión.
Las condiciones para mantener la suspensión incluyen no delinquir durante el plazo fijado, prohibición de comunicación con las víctimas y participación en programas de reeducación conductual. La Audiencia considera que estos condenados presentan un pronóstico favorable para evitar nuevos delitos.
