La figura de Cristina Pérez, actual delegada del Gobierno en Ceuta y ex vicepresidenta de la Asamblea, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras conocerse que su pareja ha sido contratada por Tragsatec, una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Fuentes próximas al caso señalan que esta contratación se gestó durante el mandato del anterior delegado del Gobierno, el también cordobés Rafa García, lo que refuerza las críticas sobre la existencia de un entramado de influencias políticas y personales conocido como “el clan de los cordobeses”. Este grupo, con vínculos comunes y afinidad política, habría consolidado su presencia en distintas estructuras institucionales de la ciudad.
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Según diversas fuentes, la colocación de allegados y personas afines era una práctica habitual entre algunos miembros del Gobierno y del PSOE local cuando estos mantenían su apoyo al Ejecutivo . Este patrón, denuncian voces críticas, habría favorecido una red de favores y contrataciones cuestionables, alimentando la percepción de amiguismo y clientelismo político en la administración pública.
No obstante, estas prácticas se habrían desarrollado al margen del presidente Juan Vivas y de la actual dirección del PSOE en Ceuta, que no habrían tenido participación ni conocimiento directo de los hechos. Ambos sectores mantienen, según las mismas fuentes, una postura de distancia institucional y exigencia de transparencia en la gestión pública.
La incorporación de la pareja de Cristina Pérez a Tragsatec ha generado malestar tanto en ámbitos políticos como sociales, al poner en cuestión la transparencia y objetividad del proceso de selección. Aunque no existen pruebas de una intervención directa por parte de la actual delegada, la coincidencia de intereses y el contexto en el que se produjo la contratación alimentan las sospechas de nepotismo y favoritismo.
El caso cobra especial relevancia al tratarse de una representante institucional cuya función implica garantizar la ejemplaridad y la ética en la gestión pública. La sociedad ceutí exige respuestas claras: ¿hubo un proceso de selección objetivo? ¿Pudo influir la relación entre la actual delegada y el anterior delegado en esta contratación?
En una ciudad donde los lazos personales y políticos suelen entrelazarse, la sombra del “clan de los cordobeses” vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar los mecanismos de control y rendición de cuentas en las instituciones públicas.
Más allá del caso concreto, el episodio plantea una reflexión más amplia sobre la responsabilidad moral de quienes ocupan cargos públicos. En tiempos de creciente desconfianza hacia la política, la ciudadanía demanda transparencia, ética y coherencia.
Ahora, Cristina Pérez tiene la oportunidad —y la obligación— de aclarar las circunstancias de esta contratación y demostrar que su cargo no ha influido en decisiones que afectan al interés general. Solo con explicaciones contundentes podrá disipar la sombra del nepotismo que amenaza con empañar la credibilidad del Gobierno en Ceuta.
