El Ministerio de Vivienda busca convalidar la norma antes de fin de año mientras Podemos y Sumar denuncian la falta de contactos y Junts condiciona su apoyo a rebajas fiscales y al IVA de los autónomos.
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El Gobierno de España atraviesa un nuevo episodio de tensión parlamentaria a cuenta de la tramitación del próximo decreto ley de vivienda. A pesar de que desde el Partido Socialista aseguran que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se encuentra volcada en la negociación para sacar adelante la norma en las próximas semanas, varios de los socios prioritarios del Ejecutivo central en el Congreso de los Diputados niegan la existencia de contactos recientes. La falta de entendimiento amenaza con retrasar los plazos previstos por Moncloa, que aspiraba a aprobar el texto en el Consejo de Ministros tras el parón estival para someterlo a convalidación antes del mes de diciembre.
Fuentes de Podemos han manifestado su escepticismo ante los anuncios del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, asegurando que las últimas conversaciones formales entre ambas partes tuvieron lugar antes del periodo vacacional, cuando los morados rechazaron la inclusión de una reforma de la Ley del Suelo. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, ha criticado abiertamente la gestión gubernamental de los tiempos legislativos y ha calificado de insuficiente el reciente anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relativo a la puesta en marcha de un portal web con 800 viviendas públicas de alquiler asequible.
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Por su parte, dentro del espacio plurinacional de Sumar también han emergido voces críticas que reclaman una mayor agilidad al ala socialista del Ejecutivo. Aunque formaciones como Compromís urgen a acelerar la tramitación del decreto para proteger a los inquilinos frente a las subidas de precios, desde el departamento de Vivienda señalan que el principal obstáculo para alcanzar una mayoría parlamentaria reside en las exigencias planteadas por Junts per Catalunya. La formación catalana condiciona su voto favorable a la inclusión de desgravaciones fiscales para pequeños propietarios y a la fijación en 85.000 euros del límite para la exención del IVA en el régimen de franquicia para autónomos, un aspecto rechazado por el Ministerio de Hacienda por su impacto en la recaudación pública.
A la complejidad de la aritmética parlamentaria se suma la interferencia del contexto político nacional, marcado en las últimas semanas por la gestión de la crisis migratoria y fronteriza en la ciudad autónoma de Ceuta, un asunto que ha monopolizado la agenda mediática y la actividad institucional. A pesar de la saturación del calendario legislativo y de las llamadas de la oposición a un adelanto electoral, el Ministerio de Vivienda mantiene como objetivo prioritario lograr el visto bueno de la Cámara Baja antes de que finalice el año.
