El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar con la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha imputado a un nuevo alto cargo de La Moncloa, Judit Alexandra González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno. La investigación se centra en presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.
El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, ha decidido no archivar la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y continuar con la investigación sobre su posible implicación en un caso de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. La causa, que ya se había abierto en 2024, ha estado bajo el foco mediático y político desde sus inicios debido a la relación de los implicados con figuras de alto nivel del Ejecutivo español.
El magistrado, en su decisión, ha desestimado tanto las peticiones de archivo presentadas por la defensa de Gómez como por la Fiscalía, quienes argumentaban que no había pruebas suficientes para continuar con la causa. Según el juez, la investigación debe proseguir, ya que se sospecha que podría haberse producido el uso indebido de fondos públicos para actividades privadas relacionadas con la esposa del presidente. En concreto, la causa se centra en posibles irregularidades en la gestión de los fondos destinados a actividades universitarias, en las que Gómez estaría presuntamente implicada de forma indirecta.
Además de no archivar la causa, el juez ha decidido imputar a un nuevo alto cargo del Gobierno de España. Se trata de Judit Alexandra González, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia del Gobierno. Esta imputación se suma a la de Begoña Gómez y otros implicados en el caso, y se centra en su presunta participación en los hechos que están siendo investigados. González, quien hasta ahora no había sido mencionada en la causa, se encuentra en el punto de mira por su supuesta conexión con las actividades que estarían siendo analizadas.
El magistrado también ha decidido convocar a nuevos testigos clave en la causa, entre los que se encuentra el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, quien deberá testificar sobre los vínculos entre Gómez, su entorno y las supuestas irregularidades en el uso de recursos universitarios. Doadrio ya había sido mencionado en informes previos relacionados con el caso y su declaración podría aportar información relevante para avanzar en la investigación.
Por otro lado, la decisión del juez de no volver a citar a Pedro Sánchez ni al ministro Félix Bolaños ha generado controversia. Ambos fueron interrogados en 2024 como parte de la investigación, pero el juez ha considerado que sus testimonios no aportarían nuevas pruebas que sirvan para esclarecer los hechos. Esta decisión ha sido respaldada por la Fiscalía, que no ha solicitado que los altos funcionarios del Gobierno vuelvan a declarar.
El caso ha provocado una intensa discusión política, con algunas voces dentro del oposición pidiendo que la causa se acelere para aclarar las responsabilidades de los implicados, mientras que desde el Gobierno se han mostrado tranquilos y confiados en que no se presentarán pruebas suficientes para culpar a Begoña Gómez. Sin embargo, las implicaciones de este caso continúan siendo motivo de debate y podrían afectar la imagen pública de los implicados, especialmente en un contexto donde las investigaciones por corrupción o irregularidades en el uso de fondos públicos suelen generar gran repercusión mediática.
A pesar de la desestimación del archivo, los fiscales que inicialmente se mostraron reacios a continuar la causa siguen siendo cautos, y la investigación continuará a medida que se vayan obteniendo más pruebas y testimonios. La citación de otros testigos y la revisión de documentos relacionados con las actividades de la Universidad Complutense de Madrid podrían arrojar más claridad sobre los hechos que están siendo analizados.
Por ahora, la investigación sigue su curso y la imputación de un alto cargo de La Moncloa ha añadido una nueva capa de complejidad a un caso que promete seguir dando que hablar en las próximas semanas, especialmente por el carácter político y mediático que conlleva la implicación de figuras cercanas al presidente del Gobierno.
