El Consejo de Ministros Extraordinario aprueba finalmente dos decretos para paliar los efectos de la guerra en Irán: un paquete de rebajas fiscales a la energía y carburantes, y una prórroga automática de los contratos de alquiler exigida por el socio minoritario.
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La Moncloa ha sido este viernes, 20 de marzo, el escenario de una profunda crisis de coalición que ha mantenido en vilo la aprobación de las medidas de urgencia contra la crisis energética. Tras más de dos horas de retraso y un plante de los ministros de Sumar, el Ejecutivo ha logrado un acuerdo in extremis que se divide en dos ejes legislativos: un decreto estrictamente económico y otro enfocado a la protección de la vivienda.
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Un Consejo de Ministros marcado por el retraso y el plante
La reunión, inicialmente prevista para primera hora de la mañana, no arrancó hasta pasadas las 11:30 horas. El motivo fue la negativa de los cinco ministros de Sumar a participar en un Consejo que, según denunciaban, solo pretendía aprobar bajadas de impuestos sin incluir protecciones para los inquilinos.
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El bloqueo obligó a una reunión de urgencia a puerta cerrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras los ministros de ambas formaciones aguardaban en salas separadas. Finalmente, se alcanzó un «principio de acuerdo» para cerrar los flecos del decreto durante el transcurso de la reunión ministerial, permitiendo la entrada de los miembros de Sumar al gabinete.
Las medidas: rebaja del IVA y blindaje del alquiler
El plan integral de respuesta al impacto económico por la guerra de Irán se concreta en dos decretos ley que buscan frenar la escalada de precios y proteger a los colectivos más vulnerables:
- Paquete Anticrisis: Incluye una rebaja del IVA de las gasolinas al 10% para combatir el encarecimiento de los carburantes, junto a otras reducciones fiscales aplicadas a la electricidad y al gas.
- Vivienda: Atendiendo a las exigencias de Sumar, el Gobierno ha aprobado la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen próximamente, evitando así subidas drásticas de precios en plena crisis.
- Suministros: Se mantiene la prohibición de cortar suministros esenciales a familias vulnerables y se acuerda la ampliación del bono social eléctrico.
- Control de márgenes: Sumar ha presionado para establecer mecanismos que eviten que las rebajas de impuestos se traduzcan en beneficios extraordinarios para las empresas energéticas en lugar de llegar al consumidor final.
Reacciones de la oposición y las autonomías
La tensión en el seno del Ejecutivo ha sido calificada por el Partido Popular como un Gobierno «en llamas» y «completamente partido». Desde la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha criticado la «rebeldía» de los ministros de Sumar en un momento de emergencia internacional.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido que el coste de estas medidas sea sufragado íntegramente por el Estado central. Page ha advertido que repercutir estos gastos en las comunidades autónomas supone una «amenaza directa» a la financiación de los servicios públicos regionales.
Asimismo, desde EH Bildu, su portavoz Mertxe Aizpurua ha señalado que la bajada del IVA de los carburantes «no es la solución», argumentando que estas medidas fiscales suelen favorecer a las grandes energéticas y no a la ciudadanía de forma progresiva.
Se espera que en los próximos minutos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante los medios para detallar el alcance definitivo de estos dos decretos y los plazos de su entrada en vigor.
