El Tribunal Supremo ha anulado la sanción de 233.324 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox en julio de 2024 por haber recibido supuestas donaciones finalistas. El alto tribunal ha estimado el recurso presentado por la formación que lidera Santiago Abascal, al considerar que el órgano fiscalizador realizó una interpretación “literalista y excesivamente formalista” del concepto de “donación finalista”.
La resolución judicial se refiere a dos campañas de captación de fondos organizadas por Vox entre 2018 y 2019. La primera, destinada a cubrir la fianza que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impuso por la querella del partido contra el ex president Quim Torra; y la segunda, para sufragar parte de la fianza de Borja Salvador, un joven condenado a dos años de prisión por matar al atracador de una mujer a la que intentaba defender.
El Tribunal de Cuentas consideró que ambas iniciativas vulneraban el artículo 17 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, que prohíbe las donaciones con un fin específico, y sancionó a Vox con dos multas: una de 50.000 euros y otra de 183.324 euros.
Sin embargo, el Supremo entiende que el órgano fiscalizador “olvidó el espíritu y la finalidad” de la norma sancionadora y que su interpretación no alcanza “el grado de certeza exigible” a una infracción muy grave. La sentencia subraya que no se aprecia de qué modo las campañas de recaudación pudieron comprometer “la actuación libre e independiente” del partido, dado que fue la propia formación quien anunció públicamente el destino de los fondos.
El tribunal también destaca que las campañas se desarrollaron de forma transparente y que no se percibe “ánimo alguno de infringir la legislación vigente”. Añade que ambas iniciativas estaban alineadas con los valores e intereses que forman parte del ideario del partido.
Con esta decisión, el Supremo deja sin efecto las dos sanciones impuestas por el Tribunal de Cuentas por el mismo motivo. No obstante, Vox todavía afronta otras dos multas por cuestiones relacionadas con su financiación: una de 50.000 euros también por donaciones finalistas y otra de 862.000 euros por haber aceptado presuntamente donaciones anónimas, algo prohibido por ley.
