El consejo de Europa notifica su decisión sobre la demanda de UGT por el coste del despido
El fallo del Consejo de Europa
El Consejo de Europa, a través de su Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), ha notificado su decisión sobre una importante demanda presentada por la Unión General de Trabajadores (UGT) de España. Esta demanda cuestiona la conformidad de la normativa española sobre el despido improcedente con la Carta Social Europea, un elemento clave en la regulación de las relaciones laborales en Europa.
UGT presentó su demanda el 24 de marzo de 2022, centrando su argumento en el artículo 24 de la Carta Social Europea, que trata sobre el derecho a la protección en caso de despido. El sindicato sostiene que las regulaciones actuales en España no permiten a las víctimas de despido improcedente obtener una indemnización suficiente. Según UGT, el tope máximo establecido para las indemnizaciones no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empresarios, permitiendo prácticas de despido injustas.
En su reciente sesión plenaria, el CEDS ha tomado una decisión sobre esta cuestión, aunque el detalle de la resolución no será público hasta dentro de cuatro meses. Sin embargo, informes previos del comité indicaron que las actuales normativas españolas podrían no estar en línea con la Carta Social Europea, particularmente en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente. El informe anual del comité señaló que los límites impuestos por la legislación española no permiten que los jueces establezcan una compensación que cubra adecuadamente todas las pérdidas sufridas por el trabajador.
Implicaciones para la legislación laboral española
Si se confirma que la decisión del CEDS es favorable al sindicato, es probable que el Consejo de Europa emita una resolución instando a España a modificar su legislación para alinearla con la Carta Social Europea. Esto podría fortalecer la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha mostrado su interés en modificar las reglas sobre indemnizaciones por despido improcedente.
La noticia ha generado diversas reacciones entre los distintos actores sociales y económicos de España. Mientras que los sindicatos ven esta decisión como un paso hacia una mayor protección de los trabajadores, la patronal, representada por CEOE, ha mostrado su preocupación. Según informa Cinco Días, la CEOE presentó alegaciones en el proceso, defendiendo la adecuación de las indemnizaciones actuales y argumentando que la demanda de UGT solo se centra en los despidos individuales. Además, la patronal enfatiza que en casos de despidos nulos, donde hay abuso o arbitrariedad, las indemnizaciones por daños y perjuicios suelen ser superiores a las establecidas por despido.
Es interesante notar que este caso no es único en Europa. Países como Finlandia, Italia y Francia han enfrentado situaciones similares, siendo llevados ante el Consejo de Europa por incumplimientos similares de la Carta Social Europea. En esos casos, los gobiernos tuvieron que modificar sus legislaciones para adaptarlas a las resoluciones del Consejo.
Con la esperada decisión del Consejo de Europa sobre la normativa de despido en España, los expertos y analistas laborales anticipan posibles escenarios. Es probable que, en caso de un fallo favorable a UGT, el gobierno español se vea impulsado a realizar ajustes legislativos. Esto podría incluir una revisión de los topes máximos de indemnización por despido improcedente, buscando un balance entre la protección de los derechos de los trabajadores y la flexibilidad operativa de las empresas.
Un cambio en la normativa de despido podría tener implicaciones significativas en el mercado laboral español. Por un lado, una mayor protección a los trabajadores podría mejorar la calidad de vida laboral y reducir la precariedad. Sin embargo, las empresas expresan preocupaciones sobre posibles aumentos en los costos laborales, lo que podría afectar sus decisiones de contratación y expansión.
El gobierno español, en particular la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, podría tomar este fallo como un respaldo a sus esfuerzos por modernizar las normativas laborales. Se espera que los sindicatos, especialmente UGT y Comisiones Obreras, aprovechen este momento para impulsar una agenda más progresista en la protección laboral, lo que podría suponer el primer aumento de la protección de los trabajadores después de casi dos décadas de pérdidas de derechos acumuladas, que tuvieron su mayor impacto con la bajada de la indemnización de 45 días a 33 por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 y la eliminación de los salarios de tramitación en los procedimientos por despido improcedente.
