El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido meter en un cajón su proyecto estrella para esta legislatura, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc). Tras meses de una tensión institucional sin precedentes y una huelga que vació las facultades en noviembre, el Ejecutivo regional ha confirmado que el texto, tal y como estaba redactado, «no saldrá adelante». Este movimiento supone una rectificación política de calado que busca desactivar la amenaza de una huelga indefinida que sobrevolaba el inicio de 2026.
El cese de Viciana y el ascenso de Mercedes Zarzalejo
La caída de la Lesuc ha tenido un coste político inmediato: el cese fulminante de Emilio Viciana, hasta ahora consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Su gestión quedó sentenciada por la incapacidad de lograr un consenso mínimo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos), quienes denunciaron que la norma era un ataque directo a la autonomía universitaria y una apuesta por la privatización del sistema.
Su relevo lo toma Mercedes Zarzalejo, una figura de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso. Zarzalejo, doctora en Derecho y hasta ahora viceconsejera del ramo, asume el cargo con la misión de pacificar un sector que se encontraba en pie de guerra. Junto a ella, también han sido relevados los directores generales de Universidades y de Educación Secundaria, confirmando una limpieza total en la cúpula educativa para iniciar una nueva etapa de diálogo.+1
La financiación plurianual: La nueva prioridad absoluta
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, ha dejado claro que la prioridad ya no es una reforma legislativa integral, sino el diseño de un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas. Este era, precisamente, el punto más crítico de la Lesuc, con las instituciones denunciando una infrafinanciación crónica que las ha llevado a situaciones de déficit técnico.
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El objetivo de la nueva consejera es presentar, en el menor tiempo posible, un plan financiero que cuente con la conformidad unánime de los seis rectores. Este modelo no necesitará ser articulado obligatoriamente a través de una ley, lo que agilizaría su implementación y permitiría aliviar la asfixia económica de centros como la Complutense, que recientemente tuvo que anunciar recortes en personal y títulos para contener su deuda.
Un respiro táctico ante la presión popular
Esta reorientación responde a una lectura pragmática del escenario social. La comunidad universitaria había convocado para este mismo sábado una escalada de protestas que amenazaba con paralizar el curso académico. Al aparcar la ley, el Gobierno regional no solo desactiva las movilizaciones, sino que gana tiempo para que Mercedes Zarzalejo recomponga las relaciones con unos rectores que, por el momento, mantienen los recelos sobre si este cambio de caras significará un cambio real en el modelo de apoyo a la educación pública.
