Nueve de cada diez inquilinos en las principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona, se encuentran bajo contratos de alquiler temporales. Esta situación los deja vulnerables a las fluctuaciones del mercado y genera una notable inseguridad residencial.
El informe titulado Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, publicado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), destaca cómo las políticas de alquiler han incrementado la precariedad económica. Desde la promulgación del Decreto Boyer en 1985, que eliminó los contratos indefinidos, las reformas han favorecido los beneficios inmobiliarios sobre la estabilidad de los inquilinos.
El IDRA señala que la oferta de viviendas en alquiler no depende de la temporalidad de los contratos, sino de si las políticas públicas priorizan la compra de viviendas, como ocurrió entre 1957 y 2007. Este enfoque ha resultado en una escasez de viviendas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, donde la demanda es impulsada por el trabajo y el turismo.
Una Escalada de Precios
En los últimos años, se ha observado un cambio hacia los alquileres de temporada, lo que ha acelerado el aumento de precios. Según un estudio de EsadeEcPol, la oferta de alquileres temporales se ha multiplicado por siete entre 2019 y 2023. Esta tendencia ha dejado a muchos inquilinos en situación de pobreza severa relativa, destinando más del 30% de sus ingresos al alquiler.
El informe del IDRA indica que el 69,7% de los inquilinos en Madrid y el 64,8% en Barcelona gastan más del 30% de sus ingresos en alquiler y suministros, con uno de cada tres hogares destinando más del 50% de sus ingresos al alquiler. Esta presión económica ha llevado a un aumento en el número de mudanzas, afectando al 60% de los inquilinos en Madrid y al 80% en Barcelona en los últimos cinco años.
Propuestas de Regulación
Para abordar estos problemas, el IDRA propone regulaciones que favorezcan a los inquilinos, sugiriendo la adopción de legislaciones similares a las de Francia y Alemania, donde los contratos son renovables automáticamente. Además, recomiendan ajustar los precios del alquiler a los ingresos reales de los hogares, considerando factores como el valor catastral y la renta familiar disponible.
El IDRA, creado por investigadores catalanes, busca influir en las políticas públicas mediante estudios sobre vivienda, economía política y urbanismo. Financiado por programas europeos, el instituto aboga por un enfoque más equilibrado que garantice la seguridad residencial y económica de los inquilinos.
