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La jueza Sara López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Ceuta, ha suscrito el documento firmado por 135 jueces de Violencia sobre la Mujer en el que advierten del «colapso total» que sufrirán sus tribunales a partir de octubre de 2025. La razón es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que les obligará a asumir todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea una mujer, independientemente de si el agresor es o no su pareja o expareja.
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Aunque López no pudo firmar el documento en el momento de su publicación, por encontrarse fuera de España, ha manifestado su total apoyo a sus compañeros. La jueza ha destacado que los juzgados especializados en violencia de género ya están sobrecargados, y el suyo en particular figura entre los más saturados de España, solo por detrás de Baleares, Navarra y Cataluña. Hasta ahora, los delitos sexuales eran competencia del juzgado de guardia que recibía la denuncia.
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Preocupación por la sobrecarga judicial
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El objetivo de la nueva ley es especializar los órganos encargados de juzgar la violencia contra las mujeres, garantizando un trato adecuado por magistrados con experiencia en la materia. Sin embargo, los jueces que han suscrito el documento critican que en los últimos 20 años ha habido un aumento progresivo de competencias sin una correspondiente ampliación de los recursos judiciales.
Sara López confía en que los otros cinco juzgados de Ceuta, al quedar eximidos de estos delitos sexuales, puedan asumir parte de la carga que actualmente soporta su juzgado. En este sentido, se están llevando a cabo negociaciones para una redistribución de los casos. Además, cuenta con el respaldo de la jueza de adscripción territorial, designada exclusivamente para asuntos de violencia de género en Ceuta debido a la alta carga de trabajo.
Un aumento de carga «a coste cero»
Las nuevas competencias incluyen delitos como la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual. Según cálculos del Ministerio de Justicia, esto supondrá un incremento de al menos el 20% en la carga de trabajo de estos juzgados. No obstante, los jueces denuncian que esta reforma se ha hecho «a coste cero», sin una dotación presupuestaria para nuevos recursos.
La norma, publicada el 3 de enero de 2025, establece que el Gobierno garantizará los medios necesarios para afrontar el aumento de competencias. Sin embargo, los jueces firmantes aseguran que llevan años pidiendo más recursos sin recibir respuesta. Además, alertan de que la ciudadanía no es consciente de que este incremento en la carga de trabajo se produce en órganos que, en su mayoría, no cuentan con servicio de guardia, lo que obligará a los jueces a gestionar delitos graves mientras continúan con otros casos civiles y penales.
En España, solo cinco ciudades -Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia- cuentan con juzgados de violencia sobre la mujer con servicio de guardia. En los otros 91 órganos exclusivos, las vistas y resoluciones se concentran en horario de mañana, mientras que en los 348 juzgados no exclusivos, como el de Ceuta, los jueces deben compaginar estos casos con el resto de sus competencias.
Riesgos para la lucha contra la violencia de género
Los jueces firmantes advierten que esta sobrecarga supondrá un «paso atrás» en la lucha contra la violencia de género, aumentando los espacios de desprotección para las víctimas y sus hijos. También señalan que, además de los delitos sexuales, se les ha asignado la violencia ejercida contra los hijos de las víctimas, incluyendo la violencia vicaria.
«Quienes trabajamos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con una implicación que va más allá de lo profesional, consideramos de vital importancia que las mujeres que necesitan un sistema judicial eficaz sean conscientes del peligroso escenario que se avecina con la nueva normativa», concluyen en su comunicado.
