El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo electrónico relacionado con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comenzó este lunes en el Tribunal Supremo en medio de fuertes críticas de su defensa al proceso judicial.
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, calificó la investigación dirigida por el magistrado Ángel Hurtado de “inquisitiva e invasiva” y pidió la nulidad del procedimiento por vulneración de derechos fundamentales. Según la abogada Consuelo Castro, quien encabezó la exposición de cuestiones previas, el proceso ha estado marcado por la “idea preconcebida de culpabilidad” y la búsqueda exclusiva de pruebas incriminatorias.
“El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto; sus derechos no han sido garantizados”, afirmó Castro, ex directora de la Abogacía General del Estado.
Un juicio sin precedentes
La vista oral, la primera contra un fiscal general en la historia democrática de España, dejó imágenes inéditas. García Ortiz, vestido con la toga de fiscal general, siguió el juicio sentado junto a su defensa, mientras la Fiscalía, de forma poco habitual, defendió también su absolución.
El acusado accedió al Supremo por la puerta reservada a autoridades —algo inédito en un procedimiento penal— y fue despedido con aplausos por un grupo numeroso de trabajadores de la Fiscalía General del Estado antes de comparecer ante el tribunal.
Críticas al registro y al manejo de pruebas
La defensa de García Ortiz cuestionó duramente la orden de registro de su despacho, llevada a cabo el mismo día en que se le emplazó a designar abogado. Castro sostuvo que esa actuación debe declararse nula, al igual que el material incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Entre las pruebas clave de la acusación se encuentra el borrado de los mensajes y correos electrónicos del teléfono de García Ortiz, y la coincidencia temporal entre la recepción del correo del abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— y la primera publicación sobre el mismo por la Cadena SER.
No obstante, la defensa argumenta que el contenido de ese correo “ya era ampliamente conocido por los medios de comunicación” antes de que el fiscal general lo recibiera.
La Fiscalía se suma a las críticas
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, respaldó las objeciones de la Abogacía del Estado y solicitó también la nulidad del registro del despacho de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de donde se extrajeron mensajes utilizados para sostener la acusación.
Sánchez Conde advirtió que aún no existe evidencia técnica que demuestre que la filtración se produjo por medios electrónicos:
“Seguimos esperando un solo dato que apoye la hipótesis de que el delito se cometió por correo o mensajería instantánea”, señaló.
Primer testigo: el fiscal del caso Ayuso defiende la legalidad de la orden
El primer testigo en declarar, Julián Salto, fiscal encargado de la investigación por fraude fiscal contra González Amador, defendió la actuación de García Ortiz. Salto calificó de “orden legal” la instrucción del fiscal general de recopilar los correos intercambiados con el abogado del empresario, Carlos Neira.
El fiscal relató además que la solicitud de información se produjo tras la publicación de una noticia en El Mundo sobre un supuesto pacto con la Fiscalía, información que calificó de “falsa” y parte de una “campaña de desinformación” prolongada.
“En mis 20 años de carrera nunca he contactado con un letrado para ofrecer una conformidad. Esa información es completamente falsa”, subrayó Salto, quien se mostró sorprendido de que su correo terminara en manos del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y de varios periodistas.
El juicio continuará en los próximos días con la declaración de más de 40 testigos citados por el Supremo. La defensa insistirá en que el proceso debe anularse por vulnerar garantías procesales, mientras que la acusación tratará de demostrar que el fiscal general filtró información confidencial a la prensa.
