Por Isabel Jiménez | 16/11/2025 – 16:47
Lee tambien: CCOO lamenta la negativa de Madrid a eximir del empadronamiento a los ceutíes para la tarjeta de transporte
La abogada ceutí Inmaculada Guil ha sido seleccionada por la Abogacía Española para participar en el Proyecto Europeo TRADICI-Formación de Abogados en Digitalización de la Justicia y en Derecho Civil Europeo (2025-2027), celebrado la pasada semana en Nicosia, Chipre.
Este programa de formación, que concluyó el fin de semana, tiene como objetivo mejorar la aplicación coherente del Derecho de la Unión Europea, especialmente en los ámbitos de sucesiones y Derecho de Familia, y en la incorporación de herramientas de digitalización de la Justicia.
Lee tambien: CCOO exige un cuarto centro de salud y más plantilla para paliar la «insostenible» presión en la sanidad ceutí
Chipre, con su diversidad de residentes y legislaciones, constituye un entorno ideal para abordar conflictos jurídicos complejos de derecho civil, penal y mercantil, así como la coordinación de normativas de distintos Estados miembros.
Durante el proyecto, Guil y los participantes se han formado en instrumentos jurídicos clave, como el Reglamento (UE) 650/2012 sobre sucesiones, el Certificado Sucesorio Europeo, y la ejecución de decisiones sucesorias en distintos países. En el ámbito familiar, se abordaron cuestiones de matrimonio, divorcio, custodia, pensión alimenticia y mediación transfronteriza, así como los mecanismos de cooperación judicial dentro de la UE.
El proyecto incluye dos eventos híbridos sobre digitalización de la Justicia y 10 seminarios presenciales dedicados a Derecho Civil Europeo: cinco de ellos centrados en Derecho de Familia y cinco en Derecho de Sucesiones.
El programa está coordinado por la European Lawyers Foundation (ELF) y cuenta con la colaboración de numerosos colegios de abogados europeos, entre ellos los de Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Cataluña, Grecia, Chipre, Irlanda, Polonia, Francia, República Checa y Bulgaria.
Con su participación, Inmaculada Guil contribuye a reforzar la presencia española en el ámbito jurídico europeo y a impulsar la modernización y armonización del Derecho de la UE en materia civil y familiar.
