La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado su descontento ante la falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Defensa sobre la situación del personal militar desplegado en Ceuta. La asociación había remitido dos escritos al ministerio los días 5 y 27 de agosto, solicitando información sobre las garantías jurídicas y las medidas de protección para los militares en la ciudad autónoma.
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En el primer escrito, presentado el 5 de agosto, la ATME solicitó detalles sobre las garantías jurídicas ofrecidas al personal militar. La asociación quería asegurarse de que los militares contaban con instrucciones claras sobre sus funciones y las limitaciones legales aplicables. Además, preguntó sobre el procedimiento a seguir en caso de ser denunciados durante el ejercicio de sus misiones.
Respuesta del Ministerio de Defensa
El segundo escrito, enviado tras la agresión a cuatro militares en Benzú el 27 de agosto, pedía información sobre el estado de los heridos y las medidas de protección existentes. La ATME preguntó si los protocolos vigentes garantizan la seguridad mínima del personal y si se planea reforzar los medios de protección para evitar incidentes similares en el futuro.
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La respuesta del Ministerio de Defensa, basada en un informe de la Asesoría Jurídica del Ejército de Tierra y trasladada por el Mando de Personal, indicó que las cuestiones planteadas están fuera del ámbito de actuación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). Según la ATME, ninguna de sus preguntas fue respondida de manera concreta.
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Críticas a la normativa vigente
La ATME considera que esta situación evidencia la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Según la asociación, la normativa actual restringe excesivamente la capacidad de las asociaciones profesionales para representar eficazmente a los militares.
La asociación critica las reticencias del Ministerio de Defensa y los Ejércitos a ampliar las capacidades de participación, información y control de las asociaciones. La ATME sostiene que el modelo actual es restrictivo y limita la posibilidad de conocer y trasladar las preocupaciones reales del personal militar. Por ello, considera imprescindible impulsar una reforma normativa que adapte los mecanismos de representación profesional a la realidad actual de las Fuerzas Armadas.
