Juan Vivas así lo ha expresado en rueda de prensa donde ha añadido que el Gobierno de la Ciudad «considera que el actual sistema de concesión es el sistema idóneo para la cobertura de este servicio» y que municipalizar la empresa podría suponer la pérdida de puestos de trabajo, algo que desde CCOO matizan: solo quedarían fuera los que no cumpliesen los requisitos que pusiese la propia Ciudad, según explica el sindicato
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha declarado que «si uno municipaliza un servicio, la subrogación del personal no es automática. Aquí puede ocurrir que algunas personas que están trabajando ahora en el servicio, incluso algunos con muchos años de antigüedad, perdieran su puesto de trabajo como consecuencia de una municipalización. Aparte de que la concesión ha funcionado de manera satisfactoria, mejorable, pero satisfactoria».
Sin embargo, desde CCOO sostienen que esa hipotética destrucción de puestos de trabajos no tendría porque darse debido a que la municipalización se produce tras una negociación colectiva entra las partes implicadas y a que, en este caso, la única parte que podría imponer requisitos que dejasen fuera a esos trabajadores sería la propia Ciudad. Además, el sindicato entiende que municipalizar el servicio redundaría en la mejora del mismo ya que la recaudación se podría destinar a aumentar la flota, el número de líneas, el tipo de trayectos…
En este sentido, el presidente confía en que las carencias del servicio se puedan atender mediante la formulación del nuevo pliego de contratación. «Ahora hay una firme voluntad y una serie de recursos que creo que van a poder permitir resolver esos problemas. Nosotros estamos apostando por la mejora de los servicios públicos de transporte y por la peatonalización de una buena parte del centro de la ciudad» ha declarado el presidente.
Con respecto a que el servicio venga funcionando sin un pliego vigente desde 2019, Vivas ha reconocido que la Ciudad tiene «una asignatura pendiente y esto lo tendríamos que haber resuelto antes. Ahí entonamos el mea culpa porque no hay otra explicación», pero ha añadido que «es verdad que es una situación difícil porque es un régimen de concesión administrativa, pero una concesión que yo no se de qué año data y esto incorpora ciertos déficits desde el punto de vista regulatorio que hay que tratar de resolver».
