El embargo a la compra de armamento a Israel aprobado por el Gobierno y refrendado por el Congreso el pasado 8 de octubre apenas ha resistido tres meses. En plena semana navideña, el Consejo de Ministros autorizó el pasado martes una primera excepción al veto, permitiendo la adquisición de tecnología israelí destinada a cuatro proyectos militares de Airbus, amparándose en una cláusula incluida en el real decreto que regulaba la medida.
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La decisión ha reabierto el debate político y ha provocado duras críticas desde la oposición y desde organizaciones sociales. Dos días después de la aprobación, la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel —integrada, entre otras entidades, por la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (Rescop)— denunció públicamente la compra de material militar al país hebreo.
Las excepciones aprobadas afectan a cuatro programas estratégicos de Airbus: el avión de transporte A400M, el A330 MRTT (avión cisterna para reabastecimiento en vuelo), el avión de vigilancia marítima C295 y el dron táctico Sirtap, el primero desarrollado íntegramente en España. Todos ellos se ensamblan en plantas de Getafe (Madrid) y San Pablo (Sevilla).
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Fuentes militares señalan que sin la tecnología israelí ahora autorizada estos proyectos no podrían completarse en territorio nacional, lo que obligaría a trasladar su finalización fuera de España. Airbus ya habría advertido de este escenario al Ejecutivo durante las negociaciones parlamentarias del pasado mes de septiembre.
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El Gobierno justifica la medida en el “gran potencial exportador e industrial” de los programas afectados y en la necesidad de proteger los “intereses generales nacionales”. El real decreto que establecía el embargo contemplaba la posibilidad de levantarlo en aquellos casos en los que su aplicación supusiera un menoscabo grave para la industria, el empleo, la economía o la autonomía estratégica del país.
Pese a ello, desde el Ejecutivo se presentó inicialmente la medida como un “embargo total”, aunque con una excepción que ahora se ha materializado apenas dos meses y medio después de su aprobación. La propia líder de Podemos, Ione Belarra, llegó a calificar el veto como un “embargo falso”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió este domingo la decisión en una entrevista en TVE, asegurando que “no tiene relación con el ámbito de las armas”, sino con una necesidad “industrial, comercial y de exportación” vinculada a la tecnología israelí.
Las explicaciones no han convencido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó al Gobierno de “mentir de nuevo”. A su juicio, el Ejecutivo engañó “a sus socios de Gobierno, a sus socios parlamentarios y, lo más grave, a la nación”. “Este Gobierno miente tanto y durante tanto tiempo que ya lo damos por perdido”, afirmó el dirigente popular.
