La Abogacía del Estado responde al requerimiento del TSJM argumentando que un desalojo forzoso mediante «compulsión física» generaría mayores perjuicios para la seguridad ciudadana y el mobiliario urbano que la permanencia de la protesta.
MADRID — La Delegación del Gobierno en Madrid ha formalizado su oposición a la solicitud de la Comunidad de Madrid para proceder a la disolución e intervención policial inmediata de la acampada instalada en la Puerta del Sol. En el escrito de alegaciones remitido este miércoles a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la Administración General del Estado sostiene que ordenar el levantamiento de la protesta acarrearía consecuencias más gravosas para el orden público y la seguridad ciudadana que mantener la actual situación de contención.
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La postura, elaborada por la Abogacía del Estado dentro del plazo fijado por el alto tribunal madrileño tras desestimar las medidas cautelarísimas de la Comunidad de Madrid, responde al recurso presentado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por una supuesta «inactividad» de la Delegación a la hora de restituir el espacio público en el entorno de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.
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Cautela policial y evaluación de riesgos
En su escrito judicial, los servicios jurídicos del Estado argumentan de forma tajante que la contención operativa se erige como la opción más garantista. Según el texto, la ejecución de las «medidas de compulsión física sobre las personas acampadas que pudieran ser necesarias» para despejar la plaza entraña un riesgo directo de desencadenar «incidentes de fuerza con peligro físico para las personas allí presentes, así como para los edificios y el mobiliario urbano».
Con la entrega de este informe técnico-jurídico por parte del departamento que dirige la representación estatal, el TSJM dispone ya de la postura de ambas Administraciones sobre la conveniencia del desalojo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo deberá deliberar de manera inminente si avala el criterio de prudencia de la Delegación del Gobierno o si, por el contrario, atiende la petición del Ejecutivo regional de despejar el centro de la capital a pocas semanas de las elecciones generales del 29-N.
