El proceso extraordinario de regularización de migrantes afronta la cercanía de las elecciones generales del 29 de noviembre con numerosos expedientes todavía pendientes de resolución definitiva. El último dato oficial disponible, publicado el 2 de julio, contabilizaba 1.174.978 solicitudes.
La regularización extraordinaria de migrantes continúa acumulando expedientes pendientes cuando se acerca la cita electoral del 29 de noviembre. El Gobierno dejó de actualizar públicamente el balance detallado del proceso el pasado 2 de julio, por lo que no existe una cifra oficial posterior que permita conocer cuántas personas han obtenido ya una resolución definitiva.
En esa última actualización, el Ministerio de Inclusión contabilizaba 1.174.978 solicitudes registradas y 609.737 expedientes tramitados.
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Según la información aportada, en aquel momento solo unas 11.000 personas disponían ya de una resolución definitiva. La cifra de solicitudes había superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno, que calculaba unas 750.000 peticiones.
Despachos especializados en extranjería han tratado de medir posteriormente la evolución del proceso a partir de sus propios expedientes. Legalteam, que gestiona más de 5.000 casos, cifra en el 65,5% las admisiones a trámite entre sus clientes, mientras que el 27,94% habría obtenido ya una resolución definitiva.
Estos datos no constituyen un balance oficial del conjunto del proceso, pero los abogados los utilizan como referencia para advertir del volumen de expedientes todavía pendientes.
La situación cobra especial importancia ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. Plataformas como Regularización Ya han expresado su preocupación por que numerosos procedimientos sigan sin resolverse antes de esa fecha.
Los abogados especializados señalan, no obstante, que un eventual cambio de Gobierno no debería invalidar los procedimientos ya iniciados conforme a la normativa vigente.
Otro de los problemas afecta al acceso al empleo. Según la información facilitada, algunas empresas se muestran reticentes a contratar a personas que únicamente cuentan con permisos provisionales mientras esperan la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
A ello se suma la dificultad para obtener cita para la toma de huellas necesaria para conseguir la TIE. La saturación del sistema habría favorecido la aparición de intermediarios que revenden citas por cantidades que oscilan entre 100 y 350 euros.
En Ceuta, ciudad especialmente vinculada a los movimientos migratorios y a la gestión de extranjería, la evolución de este proceso nacional también resulta relevante para quienes esperan regularizar definitivamente su situación administrativa.








