MADRID / CEUTA. — El proceso de repatriación de los migrantes que entraron en Ceuta tras los recientes acontecimientos fronterizos sufre un severo estancamiento administrativo. A pesar del acuerdo diplomático con Rabat para la recepción de los expulsados, la tramitación se encuentra bloqueada en la administración pública debido al temor de los funcionarios a firmar expedientes sin un cumplimiento estricto y minucioso de los plazos legales, según revelan fuentes gubernamentales.
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Esta prevención administrativa responde de forma directa a la condena por prevaricación dictada en 2025 contra excargos institucionales por repatriaciones realizadas en 2021. La situación ha provocado que el personal de Extranjería y de la ciudad autónoma aplique la norma de forma rigurosamente garantista para evitar responsabilidades penales, ralentizando el ritmo de las devoluciones.
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Radiografía del bloqueo en las expulsiones
El flujo de salidas contrasta de forma drástica con el volumen total de personas pendientes de resolución administrativa en la ciudad autónoma:
- Menores no acompañados: Esta semana se prevé el envío de la primera remesa de expedientes ordinarios de repatriación para entre 25 y 35 menores, lo que representa apenas un 2% sobre el total aproximado de 1.200 alojados en Ceuta.
- Mayores de edad: Se han tramitado unas 200 expulsiones por la vía extraordinaria dirigidas a adultos implicados en delitos menores.
- Solicitudes de asilo: La petición generalizada de protección internacional por parte de quienes buscan permanecer en territorio español añade entrevistas obligatorias y nuevos trámites que dilatan aún más el procedimiento.
La acumulación de expedientes y la vía diplomática
| Factor de retraso | Situación actual |
| Garantismo administrativo | Cumplimiento estricto de los plazos legales por temor a condenas por prevaricación. |
| Bloqueo en origen | Alrededor de 600 expedientes de menores previos a la crisis continúan retenidos por Marruecos sin tramitar. |
| Colaboración de Rabat | El Ejecutivo asegura que Marruecos mantiene la disposición de recibir a los expulsados una vez completados los requisitos legales españoles. |
El Gobierno reconoce la complejidad del proceso y el riesgo de que la lentitud burocrática incremente la tensión social existente en las calles de Ceuta mientras se procesan las resoluciones.
