Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia la Bifobia y la Transfobia y desde el PSOE nos sumamos, como cada año, a todas las acciones reivindicativas que se realizan durante esta jornada para denunciar la discriminación y el odio provocados por la LGTBI-fobia de la que diariamente son víctimas las personas del colectivo en todo el mundo.
Este 2022, con el lema “Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Nuestros Derechos”, las organizaciones internacionales para la defensa de los derechos del colectivo LGTBI que forman parte de IDAHO, reclaman el derecho de todas las personas a expresar libremente la orientación y la identidad sexual sin sufrir por ello ningún tipo de violencia ni discriminación, exigiendo, además, el fin de las terapias de conversión y de la esterilización forzada de las personas trans e intersex.
Este día Internacional fue reconocido como Día Nacional en España por Acuerdo del Consejo de Ministros el 26 de junio de 2009, durante el gobierno socialista del Presidente Zapatero. La fecha escogida es el 17 de mayo en conmemoración de la fecha en la que la Asamblea General de la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, poniendo fin con ello a la percepción internacionalmente institucionalizada de la homosexualidad como una “enfermedad susceptible de ser curada”.
Los avances en los derechos del colectivo LGTBI a nivel global desde aquella decisión de hace más de 30 años son notables y han servido para empoderar y proteger a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en un gran número de países.
Según los datos del último informe Homofobia de Estado de ILGA Mundo, que es el más extenso recopilatorio anual de los derechos del colectivo a nivel global, actualmente 58 estados y 28 jurisdicciones no independientes, incorporan a sus legislaciones disposiciones que confieren una amplia protección contra la discriminación basada en la orientación sexual.
Lamentablemente, aún siguen siendo más los países en los que existen disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo -69- que los que incorporan a sus ordenamientos leyes de protección para el colectivo.
Además, en 6 países, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para las relaciones sexuales homosexuales, mientras que en otros cinco, diversas fuentes informan de que podría imponerse la misma pena.
La mayoría de la población mundial vive en países en los que no existe ningún tipo de legislación para la protección del colectivo, y más de un tercio en países donde la homosexualidad está criminalizada de algún modo, números totalmente inasumibles en pleno S.XXI.
Además, no podemos olvidar tampoco todos aquellos lugares en los que la homosexualidad no está penada legalmente, pero cuyos gobernantes, políticos y medios de comunicación fomentan la discriminación y alientan a la violencia contra el colectivo o que hostigan a las asociaciones LGTBI. Nos referimos por ejemplo a Polonia con sus “zonas libres de LGTB”.
En definitiva, podemos concluir que, aunque durante los últimos 30 años los avances han sido enormes y que, gracias a las leyes de protección del colectivo actualmente cientos de millones de personas viven en países donde se protege el derecho a amar libremente; aún son mayoría los países en los que se persigue y se criminaliza al colectivo LGTBI.
Nuestro país se convirtió en referente internacional en materia de protección de derechos del colectivo gracias a todos los avances legislativos que se han producido a lo largo de este siglo, como la Ley del Matrimonio Igualitario, la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, o las diferentes leyes LGTBI y trans que se han ido aprobando en las comunidades autónomas.
Lamentablemente, el estancamiento que se produjo durante la segunda década del siglo, debido a la inacción de los gobiernos del PP, hizo que nuestro país dejara de estar entre los primeros de la lista ILGA en materia de protección de derechos del colectivo.
Actualmente somos el octavo país del mundo en esta materia, pero con la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación (Ley Zerolo) que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y de la próxima ley LGTBI y Trans, volveremos a convertirnos en referentes mundiales regulando temas tan importantes como la prohibición de las terapias de conversión y el derecho a la reparación de las víctimas de discriminación ante acciones que no son constitutivas de delito pero que se podrán sancionar por la vía administrativa.
De nuevo, es un Gobierno encabezado por un presidente socialista el que mantiene el compromiso con los colectivos de acabar con la lacra de la discriminación y los delitos de odio, porque no debemos olvidar que pese a tener un potente aparato legislativo de protección del colectivo; las vejaciones, los insultos, la discriminación, la violencia, las amenazas y las agresiones son algunos de los actos a los que lamentablemente se tienen que enfrentar a
diario muchas personas de nuestro país por el simple hecho de ser como son y amar a quien quieren amar.
Aunque todavía no contamos con datos desagregados por tipo de delito, sí que sabemos que el año 2021 se produjo un incremento del total de los delitos de odio de más del 40% respecto al 2020, recibiendo, según datos del Ministerio del Interior 1802 denuncias por delitos de odio (530 más que el año anterior) lo cual supone un triste récord en la serie histórica desde que se contabilizan estos hechos.
Una gran parte de estos delitos están motivados por la orientación y la identidad sexual de la persona que los sufre, convirtiendo al colectivo LGTBI en una de las minorías más vulnerables ante los ataques de las personas que lamentablemente aún se resisten al cambio social. Son pocos, cada día son más radicales y además encuentran amparo en los discursos de una ultraderecha cada vez más altiva.
Es siempre importante señalar que, además, en torno al 90% de estos delitos se quedan sin denunciar, como muestra la encuesta sobre delitos de odio del Ministerio del Interior realizada en el año 2021.
Los motivos de esta infradenuncia son variados: el miedo a visibilizar la orientación sexual, la desconfianza hacia las FCSE, por el miedo a los agresores, por miedo de las víctimas a no ser creídos y tenidos en cuenta en la denuncia de los hechos…
Además, la misma encuesta muestra como más del 50% de las víctimas que efectivamente acaban presentando una denuncia, consideran que el trato recibido no ha sido el adecuado y que una inmensa mayoría prefiere trasladar los hechos a las asociaciones que trabajan en defensa de los derechos del colectivo antes que a la policía.
Ante estos resultados, el Ministerio del Interior presentó el pasado mes de abril el Segundo Plan de Acción contra los Delitos de Odio 2022-2024 con el que pretende corregir todas estas deficiencias y hacer aflorar todos los delitos de odio que ocurren en realidad, garantizando un trato adecuado a las víctimas y creando unidades específicas dentro de la policía para combatir estos delitos.
El plan, que está dotado con más de un millón de euros, comprende 8 líneas de acción que tienen a las víctimas de los delitos de odio como eje prioritario; y por ello, dos de estas líneas son: mejorar la asistencia y el apoyo a las víctimas e impulsar la formación la sensibilización y la concienciación de los miembros de las FCSE.
Los delitos y la discriminación contra el colectivo LGTBI son una lacra social que el gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene el firme compromiso de combatir hasta que no quede ni uno sólo.
Por todo ello, desde el PSOE nos sumamos un año más a las reivindicaciones del colectivo en este día y animamos a todos nuestros militantes y simpatizantes a hacer lo mismo, porque una sociedad que no discrimina es una sociedad mejor para todos y todas.
