Celebran que tanto el Gobierno de España como las entidades bancarias hayan aplicado la legislación vigente para promover la inclusión financiera de las personas desplazadas por la guerra de Ucrania. Las entidades bancarias llevan años incumpliendo esta legislación, empujando a miles de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a la exclusión. Por ello, reclaman que estas mismas medidas sean aplicadas a todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo con independencia de su nacionalidad.
Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo llevan denunciando desde hace más de dos años numerosas irregularidades por parte de las entidades bancarias en el acceso y mantenimiento de cuentas de pago básicas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.
Esta situación ha persistido a pesar de las comunicaciones dirigidas a las propias entidades bancarias, al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) o al Gobierno, entre otras. Además, la Defensoría del Pueblo, mantiene abiertas diversas actuaciones tras recibir numerosas quejas de personas extranjeras que aseguran que se les había denegado la apertura de cuentas bancarias.
Los informes realizados por estas organizaciones muestran el incumplimiento por parte de las entidades bancarias de la legislación europea y estatal vigente, al no informar de la existencia de cuentas de pago básicas, no reconocer como válidos documentos acreditativos de identidad, obligar a contratar otro tipo de productos vinculados a la apertura de la cuenta o cobrar comisiones, entre otras irregularidades.
Como señaló el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, esta situación de exclusión financiera tiene efectos directos en la vida de las personas: el hecho de no tener una cuenta en una entidad bancaria les dificulta acceder a un trabajo, pagar el alquiler, contratar servicios básicos como la luz o el agua, e imposibilita solicitar o cobrar prestaciones sociales de las administraciones públicas.
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Las entidades bancarias, apoyadas por el Gobierno español, han adoptado diversas medidas para facilitar la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad, como las personas mayores de 65 años o aquellas personas que residen en zonas rurales. Además, recientemente también se ha facilitado la apertura de cuentas de pago básicas gratuitas a personas desplazadas procedentes de Ucrania, una medida que debería ser aplicada a todas las personas en condiciones de igualdad cumpliendo con la normativa vigente y que demuestra que «cuando hay voluntad se puede garantizar este derecho sin discriminaciones».
Por este motivo, han solicitado una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para reclamar que estas mismas medidas sean aplicadas a todas las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad, independientemente de su procedencia o nacionalidad.
