Según el Informe ‘Las Dianas de la Pobreza’, publicado por EAPN España, las personas con discapacidad siguen a la cola en todos los indicadores de pobreza y exclusión social
Plena inclusión España aprovecha la celebración del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza para reivindicar ante los gobiernos, estatal y autonómicos, que ofrezcan medidas urgentes que palíen la situación de precariedad que viven miles de personas con discapacidad intelectual y sus familias. Esta petición coincide con la publicación del Informe ‘Las Dianas de la Pobreza’, de la Red Europea contra la Pobreza en España (EAPN) que ofrece datos recogidos en 2021 sobre la situación de exclusión social en el Estado. Según este estudio, las personas con discapacidad continúan soportando las situaciones más graves de pobreza y exclusión de nuestro país en categorías como: riesgo de pobreza, pobreza severa, etc.
En 2021, el riesgo de pobreza entre las personas con discapacidad (o tasa AROPE) fue del 33%. Es decir: una de cada tres está en riesgo de sufrir esa situación. La tasa citada aumenta, además, en el caso de las mujeres con discapacidad, alcanzando el 33,9%.
Otra constatación: el hecho de tener empleo no impide caer en la pobreza. Aunque se supone que el acceso al trabajo para las personas con discapacidad está más protegido, esto no impide que un 15,7% de las personas empleadas sean pobres, mientras que esta tasa alcanza el 14,3% para el resto de población ocupada. El 27% de estas personas afirma tener dificultades para llegar a final de mes, lo que supone una diferencia de 46% respecto a las personas sin discapacidad.
En el caso de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, según datos de Plena inclusión, su tasa de desempleo (38%) es casi tres veces mayor que la población sin discapacidad (14,55%); la tasa de actividad tres veces menor (32% frente al 78%). Y a estas cifras hay que añadir la pesada carga que supone para la economía de sus familias el apoyo a sus necesidades cotidianas. Este fenómeno recibe el nombre de sobrecoste familiar y supone, según un estudio de Plena inclusión, un gasto añadido de 27.000 euros, de media, al año por familia.
Los datos relacionados con la privación material y social severa ofrecen diferencias aún mayores entre las personas con discapacidad (13%) y el resto (5,8%). La renta media por persona es un 5,4% menor para aquellas que tienen alguna discapacidad. Si se cuenta por unidad de consumo, esta renta llega a ser casi un 10% inferior a la del resto de la población, según el informe de EAPN España.
Todo esto se explica por la falta de oportunidades que siguen teniendo estas personas para acceder al sistema educativo, al mundo laboral, y a diferentes prestaciones sociales como adaptaciones, pensiones y ayudas, etc. Por ejemplo, según el mismo informe de EAPN, solo el 23,3% de las personas con discapacidad reciben algún tipo de pensión, y las mujeres las reciben en menor proporción que los hombres.
Ante estos datos, Plena inclusión reivindica medidas específicas y urgentes, como desarrollar un sistema de acceso preferente y facilitado al Ingreso Mínimo Vital (IMV), compatibilizar y armonizar esta prestación con la del hijo a cargo en el caso de los hijos e hijas con discapacidad, aumentando además la cuantía de esta última prestación (a 170 euros por hijo menor de edad, y en un 50% más para aquellos hijos con más de un 65% de discapacidad, hasta alcanzar los 570,2 euros mensuales).
Plena inclusión analizó las diferentes prestaciones en su estudio ¿El sistema de protección social protege económicamente a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? Este informe concluía que las actuales prestaciones de las que se benefician las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo tienen una cobertura económica muy limitada (una media de 476 euros por persona), están dispersas y su acceso es muy complejo. Además, son desiguales por comunidad autónoma y no incentivan la autonomía y el empleo.
