El presidente de Ceuta, Juan Vivas, expresó su «frustración» tras la reunión celebrada este jueves entre el Gobierno, el PP y los presidentes de Canarias y Ceuta, que finalizó sin alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Ley de Extranjería y la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
El encuentro, que duró cerca de dos horas, evidenció las diferencias entre el Ejecutivo y el PP. Mientras el Gobierno aboga por reformar el artículo 35 de la ley para garantizar la solidaridad entre comunidades en la acogida de menores, los populares condicionaron su apoyo a una reforma integral de la política migratoria y a la aceptación de su «plan de acción». Este plan incluye, entre otras medidas, un aumento de recursos para las comunidades, la intervención de Frontex en las fronteras y la declaración de una emergencia migratoria nacional.
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Vivas reclama «solidaridad y corresponsabilidad»
Vivas, que representa a una de las regiones más afectadas por el fenómeno migratorio, insistió en la necesidad de modificar la ley para que la gestión de los menores migrantes sea asumida como una cuestión de Estado. «Consideramos imprescindible que se aborde este problema desde la solidaridad y la corresponsabilidad. La inmigración de menores no acompañados es un asunto que afecta a toda España, no solo a Ceuta y Canarias», señaló.
El presidente ceutí recordó que la Constitución española se basa en la lealtad institucional como principio clave para abordar problemas nacionales y lamentó la falta de apoyo por parte del resto del país. «Los ceutíes no pueden sentirse desasistidos por el conjunto de España. Nuestra identidad está ligada a España, y servirla es nuestra razón de ser. Necesitamos una respuesta coordinada y justa a este problema».
Una situación «insostenible» en Ceuta
Vivas calificó la situación de la ciudad autónoma como «límite e insostenible». Según afirmó, la capacidad de acogida de Ceuta está excedida en un 400%, lo que multiplica por 25 la media nacional de acogida de menores migrantes no acompañados. Este desbordamiento, dijo, supone un «problema horrible» tanto desde el punto de vista de la prestación de servicios como de la suficiencia financiera de las instituciones locales.
A pesar de su decepción, Vivas expresó su esperanza de que las conversaciones continúen y se logre un acuerdo: «Es un asunto fundamental para toda España. Espero que se siga dialogando hasta encontrar una solución justa y solidaria que alivie la situación en Ceuta y permita un reparto más equitativo de esta responsabilidad».
La reforma de la Ley de Extranjería, y en particular del artículo 35, sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda política española, mientras ciudades como Ceuta y Canarias afrontan la presión migratoria con recursos cada vez más limitados.
