El Alto Tribunal veta la señal íntegra de la vista sobre las mordidas de las mascarillas, limitando a los medios el uso de «piezas informativas» mientras el PP pide 30 años de cárcel.
El que se perfila como el juicio político de la década en España se desarrollará lejos del ojo público en tiempo real. El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que rechaza de forma tajante la retransmisión en directo, ya sea íntegra o parcial, del proceso contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
A pesar de la enorme relevancia social y política del caso, el tribunal aplicará el mismo «blindaje» que ya utilizó con el anterior Fiscal General, permitiendo únicamente una señal institucional que los medios solo podrán usar para elaborar cortes de noticias. En la práctica, esto supone un apagón sobre el relato continuo de lo que suceda en la sala entre el 7 y el 30 de abril.
El banquillo de la «trama Koldo»
El proceso sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Transportes en uno de los momentos más oscuros de la pandemia:
- José Luis Ábalos: La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel, mientras que el PP, que ejerce la acusación popular, eleva la petición a 30 años. Se le acusa de aprovechar su doble poder en el Gobierno y como Secretario de Organización del PSOE para lucrarse.
- Koldo García: El que fuera su sombra y asesor se enfrenta a una petición de 19 años y medio.
- Víctor de Aldama: El comisionista, cuya confesión ha sido clave para la instrucción, encara la pena más baja (7 años) gracias a su colaboración con la Justicia.
80 testigos y declaraciones por escrito
El juicio no solo es relevante por los acusados, sino por el desfile de altos cargos que deberán testificar sobre la adjudicación de contratos. Sin embargo, dos de las figuras más señaladas han optado por la vía del privilegio institucional:
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- Francina Armengol (Presidenta del Congreso) y Ángel Víctor Torres (Ministro de Política Territorial) han solicitado declarar por escrito, evitando así el careo presencial y la imagen pública en el estrado.
La estrategia del «común beneficio»
La acusación sostiene que los tres implicados se concertaron para obtener un «común beneficio económico» mediante la captación de empresas por parte de Aldama, utilizando el rodillo administrativo que Ábalos controlaba desde el Ministerio.
Con el veto a la retransmisión en directo, el Supremo intenta rebajar el clima de «espectáculo mediático», pero a la vez alimenta las críticas de quienes consideran que un caso de presunta corrupción que afecta al corazón del Ejecutivo debería contar con la máxima transparencia posible.
