Génova lleva al presidente del organismo ante los tribunales de Plaza de Castilla y advierte de penas de inhabilitación y cárcel por vulnerar la neutralidad democrática.
El Partido Popular ha decidido pasar de la crítica política a la acción penal. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes la presentación de una querella contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), por un presunto delito electoral.
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Según los populares, existen «indicios sobrados» de que el organismo demoscópico ha sido utilizado de forma sistemática para favorecer los intereses de Pedro Sánchez, vulnerando la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en lo que califican como un ejercicio de «corrupción institucional».
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El CIS como «instrumento de alteración» electoral
El núcleo de la querella se basa en la supuesta manipulación de los datos para influir en la psicología del votante. Para el PP, el CIS de Tezanos no solo se equivoca, sino que lo hace con intención:
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- Vulneración de la LOREG: La formación advierte que estas prácticas pueden acarrear penas de tres meses a un año de prisión, además de multas e inhabilitación para cargo público.
- Alteración del voto: Gamarra sostiene que se ha utilizado la entidad para «alterar la formulación de la voluntad de los ciudadanos», convirtiendo un servicio público en una herramienta de campaña permanente del PSOE.
El plan de «descontaminación» de Feijóo
Esta ofensiva judicial es el primer paso de una estrategia más amplia liderada por Alberto Núñez Feijóo para reformar el organismo. El plan de regeneración del PP incluye medidas de choque para evitar que se repita el «modelo Tezanos»:
- Limitación de mandatos: El presidente del CIS no podrá perpetuarse en el cargo.
- Auditoría externa: Sometimiento de los métodos y resultados a un control técnico independiente.
- Incompatibilidades estrictas: Impedir que cargos orgánicos de partidos políticos (como era el caso de Tezanos en el PSOE) puedan dirigir la institución.
«Un problema jurídico, no solo político»
Desde Génova insisten en que la situación ha traspasado la frontera de la opinión pública. «Lo que es evidente a día de hoy es que el CIS vulnera de forma sistemática los principios de neutralidad e imparcialidad», ha reiterado Gamarra.
Con esta querella, el PP busca que sea la Justicia la que ponga límites al uso de los recursos públicos en periodos electorales, en un momento en que la credibilidad de las encuestas oficiales está bajo mínimos en la mayoría de los sectores técnicos.
