Durante los conversatorios online sobre salud sexual y reproductiva organizados por el Instituto de las Mujeres, todas las asociaciones participantes han apoyado la reforma de la citada ley y han señalado dos cuestiones principales: acabar con las restricciones introducidas por el anterior Gobierno e identificar los obstáculos
Tras la celebración de los conversatorios online sobre “Más salud sexual y reproductiva: Hacia la modificación de la ley orgánica 2/2010”, Antonia Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, ha presidido el primer encuentro con organizaciones de ámbito estatal, entre ellas las asociaciones integrantes del Consejo de Participación de la Mujer. Este encuentro arranca el proceso participativo de reflexión y debate para la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con el objetivo de garantizar la efectividad de los derechos reconocidos y ampliarlos.
Con posterioridad a la presentación de las conclusiones obtenidas en los conversatorios, se ha producido un debate en el que ha destacado el amplio acuerdo en las reformas que es necesario emprender y la coincidencia de las demandas presentadas con las conclusiones de los debates. Entre dichas demandas se ha señalado especialmente la importancia de desarrollar una educación sexual con un enfoque integral.
En su intervención, Morillas ha reconocido el avance que supuso la ley 2/2010, y ha señalado dos cuestiones: la necesidad de revertir las modificaciones restrictivas introducidas por el Partido Popular en 2015 y la de identificar los obstáculos que dificultan el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos, como las desigualdades territoriales, la falta de regulación de la objeción de conciencia o las situaciones de acoso en torno a las clínicas que practican la interrupción voluntaria del embarazo.
Conclusiones de los seminarios online “Más salud sexual y reproductiva”
En los conversatorios han participado expertas de los ámbitos jurídico, sanitario y asociativo. Sus principales conclusiones, presentadas en el encuentro con organizaciones que ha tenido lugar a la finalización de los mismos, han sido:
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Sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE): Necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos para la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de la sanidad pública, como una prestación sanitaria más, para romper el estigma todavía existente; suprimir el periodo obligatorio de reflexión de tres días, por considerarlo una tutela del derecho a decidir de las mujeres; eliminar la necesidad de contar con autorización paterna para las mujeres de 16 y 17 años; favorecer a las mujeres el acceso a la información, actualmente insuficiente, y fomentar la formación de profesionales para el acompañamiento de las mujeres; regular la objeción de conciencia, para que no suponga un obstáculo en el acceso a los derechos reconocidos; fortalecer la educación sexual con perspectiva feminista.
En relación a la gestación subrogada como forma de explotación reproductiva, tras determinar que el fenómeno del alquiler de vientres no deja de crecer «debido al auge de un mercado que genera importantes beneficios», se ha señalado que es una violencia más contra las mujeres, que vulnera muchos de sus derechos durante la gestación, como por ejemplo la movilidad, el derecho al aborto o a la rescisión del contrato. Las propuestas recogidas han sido: una legislación garantista con los derechos de las gestantes; informar a las familias que optan por esta vía de la situación de las gestantes y de cómo operan las agencias intermediarias; facilitar la adopción; estudiar sanciones, con perspectiva transnacional, que sigan el esquema del delito de trata, poniendo el acento en la industria de explotación; analizar qué es lo mejor para los y las menores; prohibir la actividad de las empresas y agencias que la promueven y su publicidad.
En lo relativo a la violencia obstétrica como violencia de género, las principales demandas, tras considerar la violencia obstétrica como «un atentado a los derechos humanos y una violencia institucionalizada que está normalizada», han sido: la obligación de las instituciones de prevenirla y erradicarla, eliminándola del sistema sanitario y garantizando un parto respetado; la prevención a través de protocolos e información y de la formación a profesionales; posibilitar las reclamaciones y contemplar la reparación de las consecuencias físicas y psicológicas para las mujeres.
