La Subdirección General de Protección Internacional/Oficina de Asilo y Refugio también resolvió favorablemente 1.401 peticiones de protección subsidiaria y más de 45.000 por razones humanitarias. El Ministerio del Interior tramitó en el último año más de 116.000 expedientes de protección internacional, un 86% más que en 2019. Durante el año 2020 se gestionaron 3.601 expedientes de apatridia, una cifra que casi duplica la alcanzada en 2019.
En 2020 España concedió el estatuto de refugiado a 4.359 solicitantes, una cifra que aumenta en un 162% las peticiones resueltas favorablemente en 2019 y que multiplica por siete las cifras de 2018. Así se refleja en el Informe de Actividad de 2020 de la Subdirección General de Protección Internacional/Oficina de Asilo y Refugio (SGPI/OAR), del Ministerio del Interior, publicado este jueves en la web del departamento.
El Ministerio del Interior concedió también 1.401 solicitudes de protección subsidiaria, que se ofrece a aquellas personas que, sin reunir los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, el regreso a su país de origen podría suponerles daños graves. La cifra se redujo un 10,7% respecto a 2019. El informe recoge además las 45.262 autorizaciones de residencia concedidas por razones humanitarias, un 28,4% más que en el año anterior.
Los datos publicados muestran que España recibió durante el último año 88.826 solicitudes de protección internacional, convirtiéndose en el tercer Estado miembro de la Unión Europea en número de peticiones, por detrás de Alemania y Francia.
La restricción de movimientos provocada por la pandemia redujo la cifra de solicitudes en un 25% respecto a 2019. Venezuela encabezó las peticiones (28.375), seguida por Colombia (27.586). Los tres países siguientes con mayor demanda fueron Honduras (5.536), Perú (5.160) y Nicaragua (3.749).
La suma de las solicitudes procedentes de estas cinco nacionalidades hispanoamericanas supuso el 79,3% del total presentado en nuestro país, característica claramente diferenciadora frente a los socios europeos, donde las principales procedencias fueron Siria y Afganistán, en Alemania, y Haití y diferentes países de África, en el caso de Francia.
Incremento de la capacidad de instrucción de expedientes
La Oficina de Asilo y Refugio experimentó un incremento destacado en la tramitación de solicitudes. Durante 2020 resolvió 116.567 expedientes, un 86,2% más que en 2019, una tendencia creciente que ha permitido en dos años multiplicar por nueve la capacidad de gestión de la SGPI/OAR. Este aumento permitió reducir en un 29% las solicitudes de protección internacional acumuladas hasta 2020.
La Oficina ha agilizado también durante el último año la resolución de expedientes de reconocimiento de la condición de apátrida, que afecta a aquellas personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado y manifiestan carecer de nacionalidad.
Durante el año 2020 se tramitaron 3.601 expedientes de apatridia (la mitad, favorables), una cifra récord que prácticamente duplica la alcanzada en 2019. La agilización de la gestión y el descenso en las solicitudes en el último año (913) permitieron reducir el número de solicitudes pendientes de resolver hasta las 1.379, un 70% menos que en 2019.
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Refuerzo de la Oficina de Asilo y Refugio
El aumento en el ritmo de instrucción y de resolución ha sido posible gracias al esfuerzo de mejora y adaptación que ha llevado a cabo el equipo de la SGPI/OAR desde julio de 2018, cuando el Ministerio del Interior puso en marcha una serie de medidas, entre las que destaca la oferta de empleo público extraordinaria de 231 plazas aprobada por el Gobierno para ampliar la dotación de personal de la Oficina.
La medida permitió multiplicar por cinco las plazas, pasando de los 60 puestos de trabajo existentes desde 1992 a los casi 300 empleados públicos que integran su plantilla en la actualidad, tras el fin de los procesos selectivos y la completa incorporación de los nuevos funcionarios. Además, se ha trabajado en el diseño de una nueva aplicación informática que se implementará en los próximos meses y sustituirá a la actual, que data de 1996.
Junto a estas medidas, se han implantado otras dirigidas, entre otros objetivos, a mejorar la calidad del procedimiento en coordinación con otros actores del sistema de protección internacional (ministerios, Policía Nacional, ACNUR, OIM) o a fomentar la transparencia y visibilidad de la actividad y datos de la SGPI/OAR.
