La investigación señala a una edil de Las Palmas de Gran Canaria por malversación, falsedad documental y fraude administrativo en un supuesto esquema de sobrecostes de más del 70 % en el área de Parques y Jardines.
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La concejala socialista Inmaculada Medina ha sido imputada en el marco de una investigación que destapa posibles irregularidades en el área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La causa analiza un contrato vinculado al suministro de agua para el mantenimiento de zonas verdes en el que, según los investigadores, se habrían aprobado facturas muy por encima del consumo real durante un periodo que se prolongó entre 2015 y 2022.
El sumario apunta a la existencia de un sistema continuado de sobrecostes: las cantidades recogidas en el pliego de condiciones estaban infladas desde el inicio, lo que permitía que la empresa adjudicataria presentara facturas con consumos sobredimensionados —en algunos casos, hasta un 70 % más altos— sin que existiera un control técnico adecuado.
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Según la investigación, Medina habría firmado decretos y autorizaciones de gasto sin exigir comprobar la veracidad de los consumos facturados. Esto habría facilitado la consolidación de un circuito de pagos irregulares que se mantuvo operativo durante siete años sin ser detectado por los mecanismos internos del consistorio.
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La empresa responsable del servicio también está bajo la lupa, ya que habría emitido facturas con lecturas manipuladas o sin respaldo técnico. Los investigadores trabajan para determinar si existió un acuerdo previo entre responsables públicos y la compañía para mantener este sistema de facturación.
Los delitos que se analizan en esta causa incluyen malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración, todos ellos relacionados con el desvío de fondos y la aprobación de documentos presuntamente irregulares.
La imputación de Medina ha generado un importante impacto político en la corporación municipal y dentro del propio PSOE local, ya que el caso cuestiona los mecanismos de control del gasto público y abre la puerta a nuevas responsabilidades dentro del ayuntamiento. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avanza el análisis de la documentación intervenida.
