La Seguridad Social ha iniciado en las últimas semanas un proceso de reclamación de cantidades del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a miles de beneficiarios en toda España, incluidos residentes en Ceuta, tras detectar irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos para percibir esta prestación.
Según datos del Defensor del Pueblo, numerosos perceptores han recibido notificaciones oficiales en las que se les exige la devolución de importes cobrados de manera indebida. El IMV, una ayuda no contributiva puesta en marcha por el Gobierno durante la pandemia, tiene como objetivo garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
La prestación establece una cuantía base de 658,81 euros mensuales para un adulto que vive solo, cantidad que puede incrementarse en función del número de miembros de la unidad familiar y de sus circunstancias específicas.
Incumplimientos en la comunicación de cambios
El principal origen de estas reclamaciones está en la falta de comunicación de cambios relevantes en la situación personal, económica o familiar de los beneficiarios. La normativa del IMV obliga a notificar cualquier modificación en un plazo máximo de 30 días naturales.
Entre los cambios más habituales que pueden dar lugar a la devolución de la ayuda se encuentran el aumento de ingresos del titular o de otros miembros del hogar, alteraciones en la composición de la unidad de convivencia, cambios de domicilio o empadronamiento, así como estancias fuera de España superiores a 90 días al año.
El incumplimiento de esta obligación puede conllevar la devolución total o parcial de las cantidades percibidas.
Revisiones anuales y cobros indebidos
Otra causa de las reclamaciones se encuentra en el sistema de revisión anual del IMV. La Seguridad Social realiza comprobaciones periódicas para verificar que los beneficiarios siguen cumpliendo los requisitos, pero los retrasos acumulados en estas revisiones han provocado que algunas personas continuaran cobrando importes superiores a los que les correspondían.
Desde el organismo público insisten en que estas actuaciones no tienen carácter sancionador, sino que buscan garantizar el uso correcto de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente.
Recomendaciones oficiales
Para evitar situaciones similares, la Seguridad Social recomienda a los beneficiarios mantener actualizada toda su información personal y económica, comunicar cualquier cambio en su situación familiar, laboral o de residencia y revisar de forma periódica las notificaciones recibidas tanto por correo postal como a través de la sede electrónica.
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en reclamaciones económicas, sanciones o incluso la suspensión temporal de la prestación, lo que puede suponer un grave impacto para los hogares que dependen de este ingreso.
