El Partido Popular ha dejado atrás las cautelas y empieza a asumir los acuerdos con Vox como una práctica política habitual. El resultado de las elecciones autonómicas en Extremadura ha actuado como detonante de un cambio estratégico que ya se venía gestando en la formación conservadora: la normalización del entendimiento con la extrema derecha, a la que ahora se presenta como un socio legítimo y necesario para gobernar.
Las urnas en Extremadura han situado de nuevo a Vox como actor clave. El bloque formado por PP y Vox sumó alrededor del 60% de los votos, un dato que la dirección popular interpreta como un mandato claro de los electores. Frente a anteriores discursos más prudentes, Génova ha optado por verbalizar abiertamente que los acuerdos con el partido de Santiago Abascal no solo no penalizan electoralmente, sino que pueden resultar beneficiosos.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha sido una de las voces más claras en este nuevo posicionamiento. “El miedo a la derecha ya no funciona”, aseguró esta semana, defendiendo que en Extremadura ya ha existido un Gobierno del PP con Vox y que el resultado ha sido un respaldo aún mayor de los votantes. Según su lectura, los extremeños “piden más” políticas de derechas y han castigado con dureza al PSOE, que cayó hasta el 26% de los sufragios.
Este giro supone también un cambio de prioridades: el PP descarta pedir la abstención de los socialistas y centra todas sus opciones en un acuerdo con Vox. La consigna es “leer el mensaje de las urnas”, que para los populares es inequívoco. El hundimiento del PSOE se interpreta como la prueba de que el discurso de alerta frente a la extrema derecha ya no moviliza a la izquierda.
La nueva estrategia contrasta con el compromiso adquirido por Alberto Núñez Feijóo en el congreso nacional del PP celebrado en julio, cuando prometió no gobernar en coalición con Vox y defendió la necesidad de ejecutivos en solitario. Aquella promesa, pensada para atraer al electorado moderado, queda ahora debilitada por la defensa explícita del “entendimiento” con Vox en Extremadura.
En el entorno de Feijóo sostienen que los resultados extremeños desmontan la idea de que los pactos con la extrema derecha castiguen al PP. Señalan, además, el triunfo de María Guardiola, que logró más del 43% de los votos y se sitúa entre los presidentes autonómicos más respaldados en España. A ello suman el crecimiento paralelo de PP y Vox y la baja participación, la menor registrada en la comunidad.
Dentro del partido, incluso sectores tradicionalmente moderados empiezan a asumir que integrar a Vox en los gobiernos podría desgastarlo. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha defendido que la extrema derecha solo perderá fuerza cuando asuma responsabilidades de gestión.
Sin embargo, el entendimiento no está exento de dificultades. Vox ya ha vuelto a poner sobre la mesa su paquete de 200 medidas, muchas de ellas rechazadas previamente por Guardiola, que incluyen la derogación de la ley LGTBI extremeña, la eliminación de subvenciones a sindicatos y organizaciones sociales o cambios en la regulación del aborto. Además, las relaciones entre ambos partidos están marcadas por la tensión tras los recientes enfrentamientos políticos a nivel nacional.
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En Génova confían en que Vox no fuerce demasiado la negociación y se conforme con facilitar la investidura, aunque son conscientes de que el precio del apoyo puede condicionar otros escenarios electorales. El acuerdo en Extremadura se negocia, además, en plena antesala de las elecciones en Aragón, lo que obliga a ambos partidos a calibrar cada paso.
Con todo, la dirección del PP parece decidida a abrir una nueva etapa. El golpe sufrido por el PSOE en un territorio históricamente favorable a la izquierda ha reforzado la convicción de que el entendimiento con Vox ya no es un lastre, sino una pieza más de la aritmética política. Extremadura, con solo seis escaños en el Congreso, se convierte así en el laboratorio de un cambio de rumbo con implicaciones nacionales.
